El director independiente de Vicentin, Esteban Bougain, ratificó que la empresa tiene trabajos confirmados durante todo 2024, con contratos a fasón tanto en las plantas de molienda del sur santafesino como en la de etanol en el norte provincial, al tiempo que estimó dadas las condiciones para que la Cámara de Reconquista homologue el acuerdo con los acreedores.
Consultado sobre el impacto que la acusación penal en Rosario puede tener sobre el proceso concursal, Bougain dijo que «si el juicio penal busca de alguna manera punir conductas reprochables, mira hacia atrás. Pero el juicio comercial busca encontrar una solución hacia adelante; son dos procesos que miran cosas distintas.
«Sin embargo -señaló- en el caso de Vicentín estos límites no fueron tan claros». El directivo repasó la «inconducente» auditoría forense «que no le sirvió a nadie», así como «la intervención famosa de la Corte» o «nuevas informaciones en sede penal» que terminaron con el rechazo del juez Fabián Lorenzini a la homologación del acuerdo concursal alcanzado por la empresa con la mayoría de los acreedores.
«Ahora que estamos con el expediente completamente instruido, con todas las vistas evacuadas, cuando todo el sector público abandonó los recursos (banco Provincial, Nación, Bice y Afip abandonaron el proceso y no fueron a la Cámara), cuando queda solamente Commodities y están contestadas las vistas por todos lados, en el momento que están por homologar, de vuelta viene esta presión penal.
«Hay -insistió- una visión sistémica. Cada vez que estamos por homologar (el acuerdo concursal en desde judicial) sucede algo. Pero esta imputación penal no le produce una herida al proceso concursal».
Bougain recordó que el fiscal de Cámara de Reconquista y la sindicatura han establecido que «Commodities no tiene ninguna razón en su apelación. La Cámara no tiene plazo para expedirse; pienso que en los primeros días de febrero todo debería estar resuelto».
El directivo ratificó que los contratos con los inversores estratégicos (Bunge, Viterra y ACA) que permitirían el fondeo para las cuotas concursales, han sido renovados hasta el 31 de Julio. «Los fasones para pagar el día a día están tanto con los estratégicos como con la Cooperativa Avícola de Avellaneda, nos permite tener el 100% de la capacidad productiva comprometida» tanto en San Lorenzo-Timbúes como en Avellaneda.
Bougain señaló asimismo que la acusación «tan categórica y severa» ataca a «personas que continúan trabajando conmigo en la empresa y ocupan cargos importante, que me han ayudado a construir la relación con inversores estratégico y a conseguir blindaje a la compañía, que no tiene pasivos ni riesgos posconcursales. Es gente que ha periodo sus acciones en Vicentin y sin embargo han continuado trabajando para reparar el daño del default», afirmó.
Formalizaron las acusaciones
La Fiscalía de Delitos Económicos de Rosario acusó por estafa y asociación ilícita a los ex directivos de Vicentin, por el default de unos US$1573 millones (más la acreencia privilegiada del Banco Nación) a fines de 2019.
Miguel Moreno y Sebastián Narvaja ampliaron las imputaciones formuladas en octubre de 2021 y mayo de 2023. Solicitaron 17 años de prisión Roberto Gazze; 16 años de prisión para Daniel Buyatti y Alberto Macua; 14 años para Omar Scarel; para Martín Colombo, 13; para Máximo Padoan, 12 años; 10 para Cristian Padoan, Sergio Roberto Vicentin, Pedro Germán Vicentin y Yanina Boschi y 8 años para Javier Gazze y Miguel Vallaza.
«Es un ataque antijurídico que no tiene por objetivo la búsqueda de justicia sino el cobro de una deuda que existe, pero no es posible» saldar en la vía penal, señaló el defensor de los acusados, el doctor Jorge Ilharrescondo.
Explicó que el planteo de los fiscales «intenta» llegar a juicio. «Falta la etapa de la audiencia preliminar, que discute la validez de la acusación, las pruebas que la sustentan y eventualmente si hay condiciones para llevar a juicio el pedido. El trámite no está ni remotamente concluido», expuso Ilharrescondo en referencia a la acusación de los fiscales, acompañada por los querellantes Commodities y bancos internacionales, entre otros.
«Llama mucho la atención que esto se presente un 29 de diciembre a las 12 del mediodía, luego de un fenomenal despliegue de acreedores díscolos del concurso» que no han tenido éxito en sus pretensiones comerciales. «Esto forma parte de una ofensiva dirigida a obtener en forma oblicua lo que no pueden obtener en el concurso: quieren quedarse con la compañía, con su control operativo».
Recordó que «nunca se negó la deuda» y que «respetamos a los fiscales como personas de bien, pero no compartimos esto de usar la vía punitiva» para interferir en el expediente concursal. Además explicó que las penas solicitadas «son desproporcionadas y no ajustadas a derecho, violentan el estándar constitucional y no tienen antecedentes».
Fuente: El Litoral
