La Fiscalía pidió una prórroga para avanzar con la investigación
La causa por el funcionamiento de un geriátrico clandestino ubicado en calle José Gollán al 10.100, en barrio Nuevo Horizonte de Santa Fe, sumó nuevas medidas judiciales en las últimas horas.
El fiscal Manuel Cecchini solicitó una extensión de los plazos procesales para reunir más pruebas, localizar a la presunta administradora del lugar —que permanece prófuga— y avanzar con la formalización de las imputaciones correspondientes.
Mientras tanto, el encargado del establecimiento continúa detenido y la Fiscalía tiene tiempo hasta este jueves para realizar la audiencia imputativa. En paralelo, la Policía de Investigaciones (PDI) continúa con operativos destinados a encontrar a la mujer señalada como responsable del funcionamiento del inmueble.
Investigan encierro, apropiación de fondos y llegada de residentes
La investigación incorporó nuevos elementos que ampliaron el alcance de la causa. Además de las condiciones en las que vivían los adultos mayores, los investigadores analizan posibles delitos vinculados al manejo de sus recursos económicos.
Entre las principales líneas de investigación se encuentran:
- Posibles maniobras con tarjetas de débito y cobro de jubilaciones: la Justicia ordenó medidas para reconstruir los movimientos financieros de los residentes y determinar si existió apropiación de fondos.
- El ingreso de los adultos mayores al lugar: los investigadores buscan establecer cómo llegaban las personas al geriátrico y si existieron derivaciones informales desde hospitales u organismos vinculados a la salud.
- Privación ilegítima de la libertad: según confirmó el fiscal regional Jorge Nessier, los residentes fueron encontrados bajo llave y con candado cuando ocurrió el incendio de un colchón dentro del establecimiento.
Auditoría interna por denuncias previas
Uno de los puntos que generó mayor preocupación dentro del Ministerio Público de la Acusación es que la presunta administradora ya había sido denunciada durante 2025 por situaciones similares relacionadas con otros establecimientos irregulares.
Ante esta situación, el fiscal regional Jorge Nessier confirmó la apertura de una actuación administrativa interna para determinar si hubo fallas en el tratamiento de aquellas denuncias.
«Si existió alguna situación que no haya tenido la debida atención por parte del Ministerio Público de la Acusación ante denuncias previas, se adoptarán las medidas administrativas y eventualmente disciplinarias que correspondan», señaló Nessier.
Un geriátrico sin habilitación y bajo investigación judicial
Las pericias realizadas en el inmueble confirmaron que el establecimiento no contaba con habilitación municipal ni provincial para funcionar como residencia gerontológica.
Los investigadores trabajan ahora para determinar el grado de responsabilidad de cada una de las personas involucradas y establecer si existió una estructura organizada para captar residentes, administrar sus bienes y mantenerlos en condiciones irregulares.
La búsqueda de la administradora continúa mientras la Fiscalía avanza con nuevas medidas para definir las imputaciones y el futuro procesal de los acusados.
