El ministro de Salud de Córdoba, Diego Cardozo, renunció este jueves a su cargo tras los cuestionamientos recibidos por no haber denunciado ante la Justicia las muertes de bebés en el Hospital Materno Neonatal Ramón Carrillo de la provincia, ocurridas entre marzo y junio de este año, y se designó como reemplazante a la bioquímica Gabriela Barbás.
«Quiero informarles que en el día de la fecha presenté al señor Gobernador mi renuncia como Ministro de Salud, cargo que he desempeñado con toda mi vocación», informó Cardozo mediante su cuenta de Twitter.
Y añadió que deja el cargo “con la misma humildad y servicio que desempeñé la función, y también con el profundo anhelo que los hechos que son de público conocimiento del Neonatal se esclarezcan absolutamente”.
Pocos minutos después el Gobierno provincial, por la misma red social, informó que designó a la bioquímica Gabriela Barbás, quien prestará juramento y asumirá en sus funciones este jueves a las 17.30 en una ceremonia que se realizará en el Auditorio del Centro Cívico.
“Barbás tuvo un desempeño principal en el abordaje de la pandemia y valiosa tarea en la articulación del sistema sanitario. Es egresada de la Universidad Nacional de Córdoba y docente universitaria”, destaca la información oficial.
La nueva Ministra de Salud estaba cumpliendo la función de secretaria de Prevención y Promoción de la Salud, y se desempeñó como vocera oficial de la información sanitarias vinculada a la pandemia de coronavirus.
Los familiares de los bebés que nacieron sanos y poco después fallecieron en el Hospital Materno Neonatal Ramón Carrillo venían cuestionando el desempeño del ahora exministro debido a que meses atrás se había iniciado un sumario administrativo por las muertes sospechas, pero Cardozo no hizo la denuncia judicial para que se investiguen.
El 11 de agosto último, cuando tomó estado público el caso, Cardozo había afirmado durante una rueda de prensa que cuando fallecen dos bebés el 6 de junio “solicitamos la intervención de la Justicia», y que había pedido al fiscal Raúl Garzón, a cargo de la causa, que “proceda a realizar las autopsias” para esclarecer las causas de las muertes.
Sin embargo los legisladores provinciales del radicalismo denunciaron ayer en un comunicado que “el Ministerio de Salud nunca realizó denuncia ante la justicia” por la muerte de los bebés, y que si lo hubiese hecho apenas conocidas las sospechas sobre los fallecimientos se habrían evitado otros casos.
Especificaron que, en base aportados por la justicia, la investigación de la muerte de los bebés se inició por “la única denuncia que existe efectuada por un ciudadano y que es lo que motivó investigar”.
También aclararon que la decisión de realizar autopsia de dos de los cinco fallecidos que integran la causa fueron “procedimientos que se siguieron de oficio porque ningún médico quiso firmar los certificados de fallecimiento”, debido a que no contaban con los estudios y causales sobre esas muertes sospechosas.
Los resultados preliminares de la autopsia de dos bebés nacidos el 6 de junio último concluyeron que los decesos ocurrieron por cuadro de «hiperpotasemia” que fue causado por “por exceso de potasio inyectada de manera intencional”, ya que se descartaron otras patologías, error y mala praxis en las muertes.
Mientras tanto, se continúa con el análisis de los documentos como historias clínicas y protocolos. Esa presunta intencionalidad de inocular a los bebés recién nacidos sustancias tóxicas incompatibles con la vida, es la sospecha que pesa sobre la enfermera Brenda Agüero, de 27 años, quien fue imputada y detenida el pasado viernes por el delito de “homicidio agravado reiterado por procedimiento insidioso”.
En tanto, la exdirectora del Hospital Materno Neonatal Ramón Carrillo, Liliana Asís, fue imputada por “omisión de los deberes de funcionario público”, al igual que dos jefas del área de Neonatología, Marta Gómez Flores y Adriana Morales.
El fiscal Garzón ordenó que Agüero sea sometida a pericias psicológicas y psiquiátricas para luego avanzar con la indagatoria, trámites procesales que se encontraban a la espera que designara representante legal, requisito que se cumplió en las últimas horas con la designación del abogado Luis Obregón.
La investigación judicial se conoció el 11 de agosto a partir de denuncias por la muerte de cinco bebés nacidos sanos entre marzo y junio pasados. De acuerdo a los datos oficiales, los fallecimientos de los bebés ocurrieron el 18 de marzo, el 23 de abril, el 23 de mayo y otros dos el 6 de junio de este año.
