La Justicia de Santa Fe ordenó este jueves la prisión preventiva para cuatro de los seis policías investigados por el crimen de Mauro González, ocurrido en enero de este año en la Comisaría Octava de la capital provincial.
La resolución la tomó la jueza Cecilia Labanca durante la audiencia de medidas cautelares. En cambio, un integrante del Cuerpo de Guardia de Infantería (CGI) y una agente del Comando Radioeléctrico continuarán el proceso en libertad. Ambos deberán cumplir medidas alternativas impuestas por la Justicia.
Qué medidas deberán cumplir los dos policías que quedaron en libertad
Los dos efectivos deberán fijar domicilio, permanecer bajo supervisión judicial y no salir del país mientras avance la investigación.
En el caso de la mujer policía, la Fiscalía no logró demostrar que haya participado de manera directa en las torturas que, según la acusación, sufrió Mauro González.
Uno de los abogados defensores explicó que la jueza consideró que su cliente tuvo una participación acotada en los hechos. Además, sostuvo que no existía riesgo de fuga ni posibilidades de entorpecer la investigación.
La investigación sigue abierta
El abogado querellante Rodolfo Mingarini afirmó que esta resolución representa solo una primera etapa del proceso. También indicó que la investigación continuará sobre otros funcionarios policiales que habrían intervenido en el procedimiento.
Según explicó, la causa todavía debe incorporar nuevas pruebas y tomar declaraciones a más testigos. Recién después la Justicia analizará la posibilidad de llevar el expediente a juicio oral.
La imputación contra los policías
La jueza convalidó la imputación por el delito de tortura seguida de muerte. La acusación sostiene que los efectivos detuvieron a Mauro González el 17 de enero en barrio Yapeyú y luego lo trasladaron a la Comisaría Octava.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público de la Acusación, las agresiones ocurrieron dentro de la dependencia policial. Esos hechos provocaron la muerte de la víctima.
La causa continúa en etapa investigativa. Ahora los fiscales deberán reunir más pruebas para determinar la responsabilidad de cada uno de los policías involucrados y definir los próximos pasos del proceso judicial.
