Inicio del proceso judicial
En los tribunales de Santa Fe se concretó la primera audiencia preliminar del juicio contra el exministro de Seguridad provincial, Marcelo Sain, acusado en una causa por la compra irregular de armamento para la policía durante su gestión.
Los fiscales Matías Broggi y Ezequiel Hernández brindaron detalles antes del inicio de la instancia judicial, explicando que los delitos investigados se habrían cometido en el marco de un proceso licitatorio para la adquisición de equipamiento destinado al personal policial.
Los acusados y las penas solicitadas
Según el Ministerio Público de la Acusación, cuatro personas están imputadas: tres por su rol determinante en la maniobra y una cuarta como partícipe necesario.
Los fiscales informaron que la pena más alta —cinco años de prisión— fue solicitada para Sain, mientras que los otros dos imputados vinculados a la tentativa de defraudación y negociaciones incompatibles enfrentarían pedidos de cuatro años de cárcel.
Para un funcionario policial con tareas en logística, señalado por un rol secundario, se requirió tres años de prisión condicional.
Una licitación presuntamente direccionada
Broggi y Hernández afirmaron que las pruebas permiten sostener que la licitación para comprar 12.000 pistolas y otras 272 armas habría sido direccionada para beneficiar a la firma Emprendimiento Grupo Patagónico, también imputada en la causa.
El Ministerio Público señaló que la empresa fue declarada en rebeldía, al no presentar representantes en las últimas audiencias.
La maniobra investigada
Los fiscales describieron una serie de irregularidades:
- Los pliegos incluían folletos de la empresa, lo que dejaba al resto de oferentes en desventaja.
- Existían comunicaciones entre imputados y el titular de la firma donde se acordaban contenidos del pliego.
- Pericias determinaron que los documentos iniciales del expediente licitatorio fueron redactados por el empresario.
Diferencias millonarias en los costos
El Ministerio Público detalló que la diferencia entre los valores de importación y los montos cobrados a la provincia supera los 9 millones de dólares.
En algunos casos, el sobreprecio superaba el 700%, mientras que en otros alcanzaba el 120%.
Comparación con una compra en Tucumán
Los fiscales mencionaron una licitación similar realizada previamente en Tucumán, donde legisladores también denunciaron sobreprecios. Allí, la diferencia por cada pistola rondaba los 200 dólares, lo que permitió contextualizar la magnitud del caso santafesino.
