La Cámara de Apelaciones Penal de Rosario cuestionó al fiscal regional Matías Merlo
Los integrantes de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Rosario manifestaron públicamente su rechazo a recientes declaraciones del fiscal regional Matías Merlo, al considerar que sus expresiones resultan agraviantes y constituyen un intento de presión institucional hacia el ámbito jurisdiccional.
En un comunicado firmado por los magistrados, sostuvieron que las afirmaciones del funcionario “buscan trasladar al Poder Judicial responsabilidades propias del órgano acusador”, lo que calificaron como una situación impropia dentro del funcionamiento del sistema de justicia.
Críticas a la vinculación entre fallos judiciales y hechos de violencia
Los camaristas señalaron que resulta “temerario y carente de rigor jurídico” vincular resoluciones sobre competencia judicial con la eventual responsabilidad por futuros hechos de violencia o balaceras.
Según explicaron, ese tipo de planteos configura una “falacia de causalidad” que intenta utilizar el temor social frente a la inseguridad como un mecanismo de presión hacia los jueces.
Además, recordaron que varios magistrados han sido víctimas de hechos violentos debido a su intervención en causas contra organizaciones narcocriminales, en el marco de su labor jurisdiccional.
Cuestionamientos sobre la interpretación de la normativa
En el documento también se afirma que las declaraciones del fiscal regional evidencian “desconocimiento u omisión deliberada” de las reglas de competencia previstas en la Ley de Desfederalización de Microtráfico (Ley N.º 26.052) y de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
De acuerdo con los jueces, la Corte Suprema ya se pronunció sobre la materia en línea con los criterios aplicados por los tribunales provinciales.
Datos sobre causas vinculadas al microtráfico
Los magistrados también señalaron que entre 2024 y lo que va de 2026 la Cámara recibió 358 recursos vinculados al fenómeno del microtráfico, de los cuales solo siete fueron remitidos a la Justicia Federal por corresponder a su competencia y a pedido de parte.
Indicaron que estas decisiones no implican concesiones a la impunidad, sino el cumplimiento del principio de legalidad y de la garantía del juez natural prevista en el artículo 18 de la Constitución Nacional.
Además, remarcaron que en esos casos las causas continúan su trámite en la justicia federal, incluso con imputados bajo prisión preventiva cuando corresponde.
Defensa de la independencia judicial
Finalmente, los camaristas calificaron las declaraciones del fiscal regional como “un exabrupto institucional impropio de un funcionario de su jerarquía” y señalaron que resultan lesivas para la independencia judicial.
En el texto subrayaron que “la independencia de los jueces es la última garantía de los ciudadanos frente al poder”, y advirtieron que ceder ante presiones que impliquen apartarse de la ley significaría renunciar a la función republicana y democrática del Poder Judicial.
El documento fue fechado en Rosario, el 10 de marzo de 2026, y lleva la firma de los jueces Bibiana Alonso, Javier Beltramone, Silvia Castelli, Daniel Curick, Nicolás Foppiani, Carolina Hernández, Alfredo Ivaldi Artacho, Juan Lavini Rosset, Guillermo Llaudet, Ismael Manfrín, Miguel Moreno, Tomás Orso, Gustavo Salvador y Gabriela Sansó.
