El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Fe condenó a los cuatro acusados en la causa conocida como Laguna Paiva II, un proceso que investigó delitos cometidos durante la última dictadura y, especialmente, el abandono de niños, niñas y adolescentes cuyos padres fueron secuestrados.
La sentencia fue dictada el viernes 7 de agosto y consideró que los hechos investigados constituyeron crímenes de lesa humanidad. El juicio había comenzado en mayo y alcanzó a 34 víctimas, entre ellas 16 niños, niñas y adolescentes afectados directamente por el abandono posterior a los operativos represivos.
Las penas para los cuatro acusados
Antonio Parvellotti recibió 18 años de prisión, además de inhabilitación absoluta y perpetua. El tribunal lo consideró responsable de violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad agravada, tormentos agravados y abandono de personas.
Eduardo Enrique Riuli fue condenado a 15 años de prisión por los hechos de esta causa. Al unificar esa pena con una condena anterior, el tribunal estableció una pena única de 18 años de prisión, con inhabilitación absoluta y perpetua.
En el caso de Víctor Hermes Brusa, la pena por los hechos juzgados fue de 14 años. Sin embargo, al unificarla con condenas anteriores, el tribunal fijó una pena única de 25 años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua.
Por su parte, Oscar Alberto Cayetano Valdez recibió 9 años por los hechos de Laguna Paiva II. Como ya contaba con una condena a prisión perpetua, el tribunal unificó las penas y estableció como pena única la prisión perpetua, también con inhabilitación absoluta y perpetua.
Los cuatro acusados siguieron el debate mediante Zoom debido a que cumplen prisión domiciliaria.
El abandono de los niños como parte de la represión
Uno de los aspectos centrales del juicio fue la reconstrucción de lo ocurrido con los hijos de las personas secuestradas durante los operativos represivos.
En Lima, provincia de Buenos Aires, el 15 de febrero de 1980 fueron secuestrados Arnaldo Catalino Páez y Juana Tomasa Medina. Sus seis hijos, de entre un mes y medio y 12 años, quedaron solos en la vivienda familiar.
De acuerdo con lo reconstruido durante el proceso, la casa fue saqueada y los chicos debieron afrontar la situación por sus propios medios. Los mayores incluso tuvieron que trabajar para conseguir alimentos para los más pequeños, hasta recibir ayuda de vecinos e instituciones semanas después.
Una situación similar se produjo en Esperanza, donde cinco hijos de la familia Medina-Páez quedaron solos luego de la detención ilegal de sus padres. Los menores tenían entre 6 y 14 años.
Durante esos días, uno de ellos, Mario Luis, sufrió un cuadro de apendicitis y tuvo que ser operado de urgencia mientras sus padres continuaban desaparecidos.
Una causa considerada histórica
El tribunal entendió que quienes participaron en los operativos o tenían responsabilidades sobre el desarrollo de las acciones represivas no podían desconocer que el secuestro de los padres dejaba a los menores en una situación de extrema vulnerabilidad.
En particular, Parvellotti, Brusa y Valdez fueron considerados responsables por el abandono de los seis hijos de la familia Páez en Lima. Riuli, en tanto, fue condenado por once hechos de abandono de personas, correspondientes a los seis hijos de esa familia y a los cinco hijos del matrimonio Medina-Páez en Esperanza.
El proceso fue considerado histórico por organismos de derechos humanos y las partes acusadoras debido a que el abandono sufrido por niños y adolescentes después del secuestro de sus familiares fue llevado a juicio como parte de los crímenes de lesa humanidad.
46 años después, llegó la sentencia
Durante el debate declararon sobrevivientes y familiares de las víctimas, quienes volvieron a reconstruir hechos ocurridos más de cuatro décadas atrás.
La querella de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos había solicitado 25 años de prisión para los cuatro acusados y planteado que los hechos fueran considerados genocidio.
Por su parte, el fiscal auxiliar Nicolás Sacco había solicitado 22 años para Parvellotti, 20 para Riuli, 18 para Brusa y 12 para Valdez, además de las correspondientes unificaciones.
Mario Páez, integrante de una de las familias querellantes, había definido el juicio como el cierre de una lucha de 46 años en busca de justicia.
El abogado querellante Federico Pagliero destacó durante los alegatos que uno de los principales aportes de Laguna Paiva II fue incorporar específicamente el abandono de los hijos e hijas de las víctimas. Esos hechos habían surgido de testimonios brindados por sobrevivientes durante el primer juicio, realizado en 2021.
Los fundamentos se conocerán en septiembre
Además de las condenas, el tribunal rechazó los planteos de nulidad realizados por las defensas de Parvellotti y Valdez contra un reconocimiento fotográfico y declaró formalmente que los delitos juzgados constituyeron crímenes de lesa humanidad.
También resolvió mantener las actuales modalidades de cumplimiento de las medidas restrictivas de la libertad de los condenados.
La sentencia todavía puede ser recurrida por las partes. Los fundamentos completos del fallo serán dados a conocer el 7 de septiembre de 2026, fecha fijada por el tribunal para la lectura correspondiente.
