El Gobierno nacional avanza con el debate del Nuevo Régimen Penal Juvenil, luego de que la iniciativa obtuviera media sanción en la Cámara de Diputados. Ahora, el oficialismo —con el bloque de La Libertad Avanza (LLA)— busca abrir la discusión en el Senado y llevar el tema al recinto el próximo 26 de febrero.
El proyecto propone modificar la edad de imputabilidad en la Argentina, reducirla de 16 a 14 años y crear un régimen específico para adolescentes que cometan delitos.
¿Qué cambia con la nueva edad de imputabilidad?
Uno de los puntos centrales del texto es que los adolescentes de 14 y 15 años podrán ser imputados penalmente en caso de cometer delitos. Hasta ahora, la legislación vigente fija la imputabilidad a partir de los 16 años.
Según el proyecto, el nuevo esquema establece un régimen especial para menores, con sanciones que van desde medidas socioeducativas hasta penas de hasta 15 años de prisión para delitos graves.
Sin prisión perpetua y con lugares de detención diferenciados
El texto aclara que no se podrá aplicar la pena de prisión perpetua a menores de edad. Además, determina que, en caso de privación de la libertad, los adolescentes deberán estar alojados en establecimientos especiales, separados de los adultos.
La iniciativa también incorpora medidas orientadas a la resocialización, con un enfoque educativo y de integración social.
Qué pasa con los delitos leves y las penas menores
El proyecto establece criterios diferenciados según la gravedad del delito:
- Para delitos con penas menores a 3 años, no se aplicarán penas de prisión.
- Para delitos con penas de entre 3 y 10 años que no hayan ocasionado muerte o lesiones graves, se priorizarán sanciones alternativas, con eje en medidas socioeducativas y de reinserción.
- En delitos graves, se contemplan penas de hasta 15 años de cárcel, siempre bajo el régimen especial juvenil.
De este modo, el oficialismo plantea un sistema escalonado que combina sanciones penales con herramientas de acompañamiento social.
El debate por el financiamiento
Uno de los puntos que generó mayor discusión en Diputados fue el financiamiento del nuevo régimen. El diputado Maximiliano Ferraro propuso un mecanismo directo de asignación de recursos, pero la iniciativa fue rechazada.
En cambio, el oficialismo sostiene que la implementación se realizará mediante convenios entre Nación y provincias, que deberán adecuar sus estructuras para cumplir con el nuevo marco legal.
Próximo paso: el Senado
Tras la media sanción en la Cámara baja, el proyecto inicia ahora su recorrido en el Senado. El oficialismo buscará avanzar con el tratamiento en comisión y llevar el debate al recinto el 26 de febrero.
Si se convierte en ley, el Nuevo Régimen Penal Juvenil implicará una reforma estructural en el sistema penal juvenil argentino, con cambios en la edad de imputabilidad y en el esquema de sanciones aplicables a menores de edad.
