Persisten los cortes de ruta en distintas regiones de Bolivia
Bolivia amaneció este sábado con 40 puntos de bloqueo activos, pese a la implementación del estado de excepción decretado por el presidente Rodrigo Paz. La medida fue adoptada con el objetivo de recuperar la circulación en las principales carreteras del país, luego de más de siete semanas de protestas protagonizadas por sectores campesinos y grupos afines al ex presidente Evo Morales.
A través de un mensaje televisado y publicaciones en sus redes sociales, Paz afirmó que la prioridad del Gobierno es garantizar el libre tránsito y restablecer la normalidad en todo el territorio nacional.
Sindicatos campesinos y cocaleros mantienen las protestas
Aunque el Gobierno alcanzó un acuerdo con la Central Obrera Boliviana (COB) para desactivar parte del conflicto, la iniciativa no fue respaldada por la Federación de Campesinos Túpac Katari, en La Paz, ni por los cocaleros afines a Evo Morales en Cochabamba.
Ambos sectores, que impulsan las protestas desde el pasado 6 de mayo, ratificaron la continuidad de los bloqueos y mantienen su exigencia de que el presidente Rodrigo Paz renuncie a su cargo.
El Gobierno ordenó el despliegue de fuerzas de seguridad
Durante su discurso, el mandatario sostuvo que el estado de excepción «no pretende quitar la normalidad, sino devolverla», y aseguró que el diálogo continúa abierto para quienes estén dispuestos a participar de buena fe.
Asimismo, instruyó a la Policía y a las Fuerzas Armadas a ejecutar las acciones necesarias para recuperar las carreteras, garantizar la seguridad de la población y asegurar el abastecimiento de productos esenciales.
Acusaciones de desestabilización y restricciones vigentes
El presidente boliviano argumentó que las protestas derivaron en una «estrategia organizada de desestabilización contra la democracia», y responsabilizó a estructuras políticas que, según sus declaraciones, operan desde el Chapare, en el Trópico de Cochabamba.
La Presidencia aclaró que el estado de excepción no suspende derechos constitucionales, aunque prohíbe los bloqueos de rutas y el uso de armas, explosivos y otros elementos violentos. Además, las Fuerzas Armadas brindarán apoyo temporal a la Policía para proteger infraestructura estratégica y garantizar el suministro de bienes básicos.
El impacto económico y social del conflicto
De acuerdo con datos oficiales, al menos 16 personas murieron en el contexto de las protestas, de las cuales 13 fallecieron por la imposibilidad de recibir atención médica a tiempo debido a los bloqueos.
Las autoridades también estiman pérdidas económicas superiores a 3.000 millones de dólares, mientras que el abastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal continúa comprometido en varias ciudades del país.
El Gobierno insiste en la necesidad de recuperar la normalidad, mientras los sectores movilizados mantienen sus medidas de fuerza y denuncian represión. Las próximas horas aparecen como decisivas en un escenario de alta tensión política y social en Bolivia.
