El paro por tiempo indeterminado de los prácticos marítimos continúa afectando la actividad en los principales puertos argentinos y ya mantiene 185 buques detenidos, con pérdidas estimadas de entre USD 50.000 y USD 100.000 por día por cada embarcación inmovilizada.
La medida de fuerza, iniciada el pasado sábado, impacta de lleno en las exportaciones de granos, el comercio exterior y la distribución de combustibles, mientras el Gobierno nacional endurece su postura y anticipa sanciones contra los trabajadores que no retomen sus tareas.
Más barcos esperan ingresar a los puertos
Desde la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (CIARA-CEC) señalaron que durante este martes más de 45 nuevos buques llegaron al polo exportador del Gran Rosario para aguardar los servicios de practicaje, que se suman a los 140 barcos que ya permanecían a la espera desde el lunes.
Además, el sector advirtió que, de no resolverse el conflicto en las próximas horas, otras 30 embarcaciones podrían incorporarse a la fila de espera, incrementando aún más el impacto económico.
Cada día de paralización representa costos millonarios para la actividad exportadora, debido a los gastos operativos que genera la inmovilización de los buques.
El origen del conflicto
La protesta comenzó tras la publicación del Decreto 690/2026, que introdujo modificaciones en el régimen del servicio de practicaje y pilotaje.
Entre los principales cambios, la normativa:
- Crea un registro abierto de prácticos bajo la órbita de la Prefectura Naval Argentina.
- Permite a las empresas elegir libremente a los prestadores del servicio.
- Elimina restricciones geográficas para la prestación.
- Otorga a la Agencia Nacional de Puertos y Navegación la facultad de establecer tarifas máximas.
El Gobierno sostiene que la reforma busca incrementar la competencia y reducir los costos logísticos del sistema portuario argentino.
El Gobierno intimó a los trabajadores
La Prefectura Naval Argentina intimó formalmente a 536 prácticos a retomar sus funciones y advirtió que quienes incumplan la orden podrían enfrentar sanciones administrativas e incluso denuncias penales.
En tanto, el vocero presidencial, Adrián Ravier, calificó el practicaje como un servicio esencial y aseguró que habrá «castigos» para quienes mantengan la interrupción de la actividad.
Hasta el momento, sin embargo, no fue convocada una mesa de diálogo entre el Gobierno y los representantes del sector.
Preocupación por el abastecimiento de combustibles
Además del impacto sobre las exportaciones agrícolas, el conflicto afecta la logística energética.
La Cámara Argentina de Energía informó que las operaciones permanecen interrumpidas en puertos estratégicos como Campana, Dock Sud, Bahía Blanca, San Lorenzo, Arroyo Seco, Santa Cruz y Caleta Córdova, desde donde se distribuyen nafta, gasoil, fuel oil y petróleo hacia distintos puntos del país.
El sector advirtió que, si la medida de fuerza se prolonga, podrían registrarse inconvenientes en el abastecimiento de combustibles, especialmente en la Patagonia sur.
También permanece demorado el ingreso del buque White Marlin, previsto para participar en tareas vinculadas al proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), debido a la imposibilidad de contar con un práctico para ingresar al puerto.
El sector exportador reclama una solución
Desde CIARA-CEC alertaron que la continuidad del conflicto puede afectar la imagen internacional del país como proveedor confiable de alimentos y materias primas, además de favorecer a competidores como Brasil.
Las entidades empresarias solicitaron la apertura urgente de una instancia de diálogo que permita implementar la nueva normativa sin paralizar la actividad portuaria.
