La causa por trata agravada y relación con una menor
El expediente judicial más avanzado contra Evo Morales se desarrolla en Tarija. La Fiscalía sostiene que el ex mandatario habría mantenido una relación con una adolescente de 15 años durante su gestión presidencial y que de ese vínculo nació una hija en 2016.
Según la investigación, los padres de la menor habrían recibido beneficios políticos y favores estatales a cambio de permitir la relación. El caso incluye más de 170 pruebas, entre ellas mensajes, testimonios, documentación oficial y un certificado de nacimiento en el que Morales figura señalado como padre.
La Justicia abrió un juicio oral en mayo de 2026, pero el ex presidente no se presentó a las audiencias. Ante las reiteradas ausencias, el tribunal lo declaró en rebeldía, emitió órdenes de captura y dispuso restricciones migratorias y patrimoniales. La Fiscalía pidió una pena de hasta 20 años de prisión por trata agravada de personas.
Morales rechazó las acusaciones y aseguró que se trata de una “persecución política” para impedir su regreso al escenario electoral.
Denuncias por protestas, bloqueos y desabastecimiento
El gobierno de Rodrigo Paz responsabilizó a Morales por la organización y promoción de protestas, bloqueos y cercos que afectaron rutas estratégicas del país.
De acuerdo con las autoridades, las medidas provocaron desabastecimiento de alimentos, combustible e insumos médicos, además de dificultades en el traslado de oxígeno medicinal y la prestación de servicios de salud.
En ese contexto, el ex mandatario enfrenta denuncias por instigación pública a delinquir, asociación delictuosa, daños económicos al Estado y atentados contra servicios públicos.
Morales sostuvo que las movilizaciones responden al malestar social y reclamó la renuncia presidencial para avanzar hacia un gobierno de transición y nuevas elecciones.
Sedición y terrorismo: las investigaciones por la crisis de 2019
Tras la crisis política de 2019 y su salida del poder, Evo Morales quedó involucrado en expedientes por presunta sedición y terrorismo.
Uno de los casos más conocidos es el denominado “caso audio”, en el que se investigó una supuesta conversación entre el ex mandatario y un dirigente sindical para coordinar bloqueos y cercos a ciudades durante la crisis institucional posterior a las elecciones de ese año.
Las investigaciones impulsaron cargos por sedición, terrorismo y financiamiento al terrorismo. Sin embargo, organismos internacionales y sectores defensores de derechos humanos cuestionaron algunas actuaciones judiciales por considerar que podrían tener motivaciones políticas.
Las denuncias de fraude electoral y la polémica reelección
Otra de las causas abiertas contra Morales está vinculada a las elecciones presidenciales de 2019 en Bolivia, anuladas luego de denuncias de irregularidades en el conteo de votos.
La Organización de Estados Americanos detectó anomalías en el proceso electoral y recomendó repetir los comicios, en medio de una crisis que derivó en protestas, disturbios y la posterior renuncia del entonces presidente.
A partir de esos hechos, la Justicia boliviana abrió expedientes por presunto fraude electoral y posibles alteraciones en el sistema de transmisión rápida de resultados.
Además, el conflicto político se profundizó luego de que Morales buscara una nueva reelección pese a que en 2016 un referéndum rechazó modificar la Constitución para habilitar otro mandato presidencial consecutivo.
El ex mandatario niega todas las acusaciones y sostiene que fue víctima de un “golpe de Estado” en 2019.
