El Gobierno nacional envió al Congreso de la Nación el proyecto de ley de Reforma del Régimen Penal Juvenil, con la intención de acelerar su tratamiento legislativo durante la presente semana en comisiones y en el recinto de la Cámara de Diputados.
La iniciativa retoma el texto presentado el año pasado y mantiene como eje central la baja de la edad de imputabilidad penal, aunque incorpora una novedad clave: la inclusión de fondos específicos para su implementación, uno de los principales reclamos de la oposición dialoguista.
Baja de la edad de imputabilidad: el principal punto de debate
El proyecto establece reducir la edad de imputabilidad de 16 a 13 años para delitos considerados graves, como homicidios, robos violentos, abusos sexuales y secuestros.
Sin embargo, referentes de bloques como el PRO y la UCR ya adelantaron que el consenso legislativo se ubica en los 14 años, por lo que se espera que el dictamen final modifique ese punto durante el debate en comisiones.
Financiamiento: la novedad del proyecto 2026
Uno de los cambios centrales respecto de la iniciativa anterior es la incorporación de una asignación presupuestaria específica.
El artículo 51 del proyecto, bajo el título Asignación Presupuestaria, establece un monto total de $23.739.155.303,08, desglosado entre el Ministerio de Justicia y la Defensoría General de la Nación, destinado a la aplicación del nuevo régimen penal juvenil.
Desde la presidencia de la Cámara de Diputados, Martín Menem, se aclaró que estos fondos estarán contemplados en el Presupuesto 2026, lo que despeja uno de los principales cuestionamientos previos.
Régimen penal juvenil y tipos de sanciones
El texto mantiene la creación de un régimen penal diferenciado para adolescentes, distinto al sistema de adultos.
Para menores de hasta 15 años, el juez podrá disponer medidas de privación de la libertad solo en casos excepcionales, priorizando la resocialización. En delitos menores, se prevén penas no privativas de libertad, tareas comunitarias y reparación del daño causado.
En cuanto a la pena máxima, el proyecto original habilita condenas de hasta 20 años de prisión para delitos graves, aunque sin prisión perpetua. No obstante, en negociaciones previas se había consensuado un límite de 15 años, con la privación de la libertad como último recurso.
Institutos especiales y derechos reforzados
La reforma contempla la creación de institutos especializados para menores condenados, donde se garantice el acceso a educación, atención médica y tratamiento por adicciones.
Además, se prohíbe de forma expresa cualquier tipo de convivencia con detenidos adultos y se exige que el personal esté especializado en infancia y adolescencia.
El proyecto también establece derechos reforzados tanto para los adolescentes como para las víctimas, incluyendo patrocinio jurídico gratuito, asistencia psicológica y social, participación en mediaciones y el derecho a ser escuchadas durante todo el proceso penal.
Cronograma legislativo
Según el cronograma oficial, el oficialismo buscará dictaminar el proyecto el miércoles en un plenario de las comisiones de Justicia, Familia y Niñez y Presupuesto, con la intención de llevarlo al recinto el jueves 12 de febrero para su tratamiento en Diputados.
