El Ministerio de Seguridad intervino por tres meses la Unidad Regional II (departamento Rosario) luego de conocerse el resultado de una investigación en el sistema de carga de combustible de patrulleros. También fue desplazado el jefe de policía de Rosario, comisario Daniel Acosta. El interventor será el director general Claudio Romano, quien ya había pasado a retiro.
Durante una conferencia de prensa, el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, el fiscal regional Matías Merlo y el fiscal José Luis Caterina, dieron detalles de una investigación que duró casi 10 meses a raíz de una denuncia anónima, y fue llevada adelante por la Agencia de Control Policial (ACP), ex Dirección de Asuntos Internos.
Este lunes 5 de mayo se realizaron en total 38 procedimientos en Rosario y la región, incluyendo varias dependencias policiales. Al momento hay 17 personas (entre agentes policiales y civiles) detenidas sindicadas con diversos roles en la investigación, que serán llevadas a audiencia imputativa en los próximos días.
“Fue una investigación de 10 meses y, por parte del Ministerio, casi un año tomando medidas para detectar malas prácticas, imponiendo directivas y protocolos para hacer más eficientes los controles en la carga de combustible. Muchos de estos controles fueron incumplidos. Con el aumento de la flota policial en calle, esto se complejizó, y la maniobra adquirió un volumen mayor”, señaló el ministro Cococcioni.
“Quiero reconocer a las autoridades del MPA, porque ha sido una investigación muy prolija y seria, que apoyamos completamente. Más allá de la magnitud económica, estamos hablando de una maniobra en red entre varias secciones policiales, tendiente a lucrar con algo tan sensible para nosotros como es la seguridad pública”, agregó.
“Mientras hablamos, la Unidad Regional II está siendo intervenida. En este momento, el secretario de Seguridad Pública está poniendo en funciones al interventor, el director general retirado -ahora reincorporado al servicio activo- Claudio Romano. La intervención durará tres meses, con posibilidad de extensión si fuera necesario”, anunció.
También mencionó que “al mismo tiempo, se encomienda una auditoría integral de gestión logística y administrativa, con énfasis en el área de movilidad y los controles de carga de combustible. Y, sin prejuzgar responsabilidades, el jefe de la Unidad Regional queda desplazado y es puesto a disposición del Jefe de Policía para que se evalúen sus funciones. Además, diferentes jefes y numerarios quedan a disponibilidad a partir del día de la fecha”.
Allanamientos y detenidos
Los procedimientos fueron realizados por personal de la Agencia de Control Policial en distintas oficinas ubicadas en la sede de la Unidad Regional II, ubicadas en Ovidio Lagos al 5200 (División Logística; Sección Garage; Grupo Táctico Multipropósito; Cuerpo de Guardia de Infantería; Administración y Finanzas; Policía Motorizada; Agrupación Cuerpos; Sección Comando Radioeléctrico); y varias oficinas personales.
Además se llevaron adelante operativos en la División Logística del Departamento Operativo de la Región II de Rosario de la Policía de Investigaciones, ubicada en Lamadrid al 500 de Rosario; en la sede de la Brigada de Orden Urbano, ubicada en San Luis al 3200 (donde antes estaba la seccional 6°); y en la sección Caballería y Perros, ubicada en avenida Francia y calle 1209 (detrás de Jefatura).
El fiscal regional Matías Merlo precisó que “se realizaron 38 allanamientos, de los cuales la mitad aún está en curso. El objeto de la investigación fueron las maniobras ilícitas que ocurrían en la URII y generaban perjuicio a la administración pública, ya que el personal a cargo de la logística de combustible realizaba maniobras para apropiarse de dinero. Descubrimos un tipo de organización dentro de la estructura policial que usó sus atribuciones para perjudicar al Estado. En el patrullaje, a mayor cantidad de móviles en calle, mayor consumo de combustible. Hay 17 personas detenidas, de las cuales 4 son civiles y 13, policías”, concluyó.
Finalmente, el fiscal Luis María Caterina, a cargo de la investigación, señaló que “todo se inicia con una denuncia anónima enviada por correo postal a esta Fiscalía. La malversación de caudales públicos ronda los 45 millones de pesos, en el marco de una estimación mensual de 380 millones que se destinan a la URII para carga de combustible. Hay una estación de servicio en particular, y sus propietarios, seriamente comprometidos. La mayoría de los efectivos policiales detenidos son jerárquicos de la URII; no están involucrados ni el jefe ni el subjefe. Además, se han secuestrado en domicilios particulares alrededor de 300 tarjetas Visa Flota, que deberían estar en poder de cada chofer de móvil para la carga de combustible”, terminó diciendo.
Intervienen la Policía de Rosario y desplazan a jefes por una causa de malversación de fondos. Foto: Prensa GPSFIntervienen la Policía de Rosario y desplazan a jefes por una causa de malversación de fondos. Foto: Prensa GPSF
Viviendas particulares
Los allanamientos incluyeron viviendas particulares ubicadas en: calle Chaparro al 900, Alsina al 3600, Bolivia al 1100, Carranza al 1200, Ameghino al 1500, Pasco al 400, Corrientes al 2400 (2 viviendas), Gaboto al 1800 y Ovidio Lagos al 3900, todos de la ciudad de Rosario;
En calle 2 al 4500 y Curupay al 2200, de Funes; en calle La Yerra N° al 6500 y Jacarandá al 6300, de la localidad de Alvear; y en calle Caseros al 1800,Tartagal al 3200, Alvear al 1600, todos de Villa Gobernador Gálvez.
Y en calle El Plumerillo al 2500 de la localidad de Pueblo Esther; en calle 2 al 100 de la localidad de Pérez y en calle Picazzo, entre Boyero y Pirincha de Álvarez.
En todos los procedimientos se secuestró material de interés para la investigación conjuntamente a dispositivos electrónicos, celulares (que serán peritados) y dispositivos de almacenamiento electrónico, señalaron fuentes judiciales.
Fuente: El Litoral
