El juez federal Ariel Lijo resolvió prorrogar por tercera vez el secreto de sumario en la causa que investiga una presunta red de corrupción vinculada al otorgamiento de permisos de importación a través del sistema SIRA.
La medida se extendió por otros 10 días hábiles, con el objetivo de completar distintas medidas de prueba en un expediente que analiza operaciones superiores a los US$ 3,5 millones.
Investigación por coimas en permisos de importación
La causa, impulsada por el fiscal Franco Picardi, apunta a un supuesto esquema en el que funcionarios del Banco Central de la República Argentina habrían facilitado el acceso al dólar oficial a cambio de coimas de entre el 10% y el 15% del valor de las operaciones.
Según la hipótesis judicial, esas divisas obtenidas a tipo de cambio regulado eran luego revendidas en el mercado paralelo, generando ganancias extraordinarias mediante maniobras financieras.
Empresas y movimientos bajo análisis
Hasta el momento, la Justicia identificó cuatro empresas presuntamente involucradas y detectó movimientos por más de US$ 500 millones en dos entidades bancarias bajo investigación.
Entre las medidas dispuestas se incluyen:
- Allanamientos en oficinas y domicilios particulares
- Levantamiento del secreto fiscal, bancario y bursátil de unas 50 personas
- Requerimientos de información al Banco Central, ARCA y la Secretaría de Comercio
Personas bajo la lupa
La investigación también alcanza a financistas y operadores del mercado cambiario. Entre ellos figura Elías Piccirillo, señalado por su presunta vinculación con una casa de cambio que habría operado más de US$ 252 millones en 2023.
Los investigadores buscan determinar si estas estructuras accedían al dólar oficial para luego canalizarlo hacia circuitos informales.
Origen de la causa y pruebas clave
El expediente se originó a partir del testimonio de un agente involucrado en un operativo irregular contra el empresario Francisco Hauque. El testigo aportó un dispositivo con información relevante sobre presuntas maniobras y actores involucrados.
Entre los nombres mencionados también aparecen Martín Migueles y Ariel Vallejo, titular de Sur Finanzas.
Además, en registros de audio incorporados a la causa, una funcionaria del BCRA habría hecho referencia a la existencia de “niveles superiores comprometidos” dentro del organismo durante la gestión de Miguel Ángel Pesce.
Alcance del presunto esquema
La Justicia analiza si el mecanismo investigado requirió la articulación de distintos organismos estatales, entre ellos áreas vinculadas al comercio exterior, control aduanero y regulación financiera.
El objetivo central de la causa es reconstruir la trazabilidad de las operaciones, identificar los pedidos de divisas y determinar el destino final del dinero.
