La provincia de San Luis impulsó el “Narcotest” a aplicarse en empleados de los tres poderes del Estado, una serie de exámenes toxicológicos contemplados en la Ley de Ejemplaridad y Coherencia, que alcanzó incluso al gobernador Claudio Poggi.
Según explicó la ministra de Seguridad provincial, Nancy Sosa, se trata de un procedimiento “rápido, sencillo”, que consiste en la toma de orina, asociada al Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada persona, y que sirve para “otorgar transparencia al accionar de la gestión”.
“Como funcionario públicos tenemos que dar el ejemplo, eso es indiscutible. Reafirma la lucha contra el narcotráfico y cortar cualquier cadena delictual asociada a la demanda es fundamental”, sostuvo además.
Poggi firmó el decreto que somete a un examen toxicológico a funcionarios del Ejecutivo Provincial, del Poder Legislativo y del Judicial. En detalle, la normativa establece que hasta el propio gobernador y su Gabinete deben realizarlo.
La reglamentación determina que los test serán de carácter obligatorio y que se realizarán de manera anual y aleatoria con el objetivo de garantizar la transparencia en la selección de los funcionarios.
La toma de muestra se hará en instituciones públicas que no dependan del Estado, para asegurar la independencia de los resultados.
En caso de que se detecte la presencia de sustancias ilegales, las autoridades correspondientes deberán aplicar medidas de contención y asistencia que incluyen licencias, la suspensión temporal de funciones, o incluso el cese en el cargo, dependiendo del caso y conforme a la legislación vigente y la Constitución provincial.
En los últimos días, Claudio Poggi participó del procedimiento que se realizó en las instalaciones de la Universidad de San Luis. Fue recibido por el secretario de Ética Pública, Ricardo Bazla, y el decano de la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia, Sebastián Andujar. “Los resultados estarán en unos días”, planteó al término.
