La Justicia de Venezuela dispuso la liberación de 379 presos políticos durante la noche del viernes, apenas un día después de que el Parlamento aprobara una nueva ley de amnistía.
El anuncio fue confirmado por el diputado oficialista Jorge Arreaza, quien encabeza la comisión encargada de supervisar la implementación de la normativa.
La iniciativa fue promovida por el gobierno interino liderado por Delcy Rodríguez, luego de la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero por autoridades estadounidenses.
Alcance de la ley y liberaciones
Según las autoridades, las excarcelaciones debían concretarse entre la noche del viernes y la mañana del sábado.
Previamente, el Ejecutivo había otorgado libertad condicional a unos 448 opositores, pero organizaciones de derechos humanos estimaban que aún quedaban cerca de 650 detenidos por motivos políticos antes de esta resolución.
Rodríguez sostuvo en un discurso televisado que la normativa representa “un paso hacia una Venezuela más democrática y justa”. En la misma línea, el ministro de Defensa Vladimir Padrino consideró la decisión “un acto de madurez política y de estabilidad institucional”.
Dudas y críticas de organizaciones y familiares
Especialistas y ONG cuestionaron el alcance de la medida. Señalan que no todos los detenidos quedarían incluidos, especialmente militares acusados de delitos catalogados como terrorismo.
Familiares de presos manifestaron incertidumbre sobre los casos que podrían quedar excluidos. Algunos denunciaron que el proceso de solicitud ante tribunales no garantiza liberaciones automáticas.
El director de la ONG Foro Penal advirtió que la aplicación de la ley avanza de forma gradual y que todavía existen obstáculos administrativos para su implementación efectiva.
Debate político y consecuencias
La ley fue aprobada por consenso tras una consulta pública con juristas y negociaciones con la bancada opositora minoritaria en la Asamblea Nacional.
Sin embargo, expertos sostienen que la normativa presenta deficiencias estructurales y podría dejar a numerosos detenidos fuera del beneficio, por lo que el debate político y jurídico continuará en los próximos días.
