Qué resolvió la Corte Suprema de Santa Fe
La Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe aprobó el 24 de febrero, mediante el Acta Acuerdo N° 4, una resolución vinculada a la asignación de espacios en edificios judiciales en construcción en Venado Tuerto, Casilda y la ciudad de Santa Fe.
En el punto 16 del acuerdo —firmado por el presidente del tribunal, Rafael Gutiérrez, junto a los ministros Jorge Baclini, Daniel Erbetta, Roberto Falistocco, Eduardo Spuler, Rubén Weder y Margarita Zabalza— se abordaron los pedidos de información formulados por los ministerios públicos respecto de los espacios que ocuparán en los nuevos inmuebles.
El tribunal recordó la cláusula transitoria décimo sexta de la Constitución provincial reformada en 2025, que establece que el uso y destino de los inmuebles afectados al Ministerio Público no puede modificarse sin su conformidad.
Situación en Venado Tuerto y Casilda
En relación con el Centro de Justicia Penal de Venado Tuerto, la Corte señaló que la ejecución de la obra depende del Poder Ejecutivo, por lo que no interviene en la asignación de espacios.
Respecto del nuevo edificio judicial de Casilda, indicó que la construcción permitirá albergar a todas las dependencias del Poder Judicial y que se evaluarán alternativas para que órganos del Ministerio Público ocupen sectores, siempre que no resulten necesarios para el propio Poder Judicial y mediante convenios específicos.
El punto central: el Anexo del Palacio de Justicia en Santa Fe
El aspecto más relevante de la resolución refiere al Anexo del Palacio de Justicia en construcción en la capital provincial.
La Corte sostuvo que la finalización del edificio permitirá concentrar en dos espacios la totalidad de la jurisdicción judicial actualmente dispersa en distintos inmuebles alquilados, lo que implicaría optimización de recursos y reducción de erogaciones por arrendamientos.
En ese marco, resolvió avanzar con readecuaciones edilicias para uso del Poder Judicial y, una vez concretadas, “evaluar la posibilidad” de poner a disposición del Ministerio Público los espacios disponibles, siempre que no sean requeridos en el futuro por ese poder del Estado.
La respuesta del Ministerio Público de la Acusación
Dos días después, la fiscal general del Ministerio Público de la Acusación, María Cecilia Vranicich, remitió una nota formal al tribunal en la que expresó su rechazo a lo resuelto respecto del edificio Anexo.
En su presentación, sostuvo que la decisión implica un cambio de destino del inmueble, que —según detalló— fue planificado durante más de una década para albergar al sistema de justicia penal en su conjunto.
Vranicich recordó antecedentes administrativos y normativos, incluidas comunicaciones desde 2021 entre la Corte y el MPA sobre la distribución de espacios, así como gestiones del propio organismo para el cableado, redes y mobiliario en sectores que afirmó ya habían sido asignados.
Financiamiento y marco legal invocado
La fiscal general también señaló que la obra fue financiada mediante un crédito aprobado por la Legislatura a través de la Ley 13.543, que contempla la construcción del “Centro de Justicia Penal Santa Fe”.
Además, mencionó decretos del Poder Ejecutivo que asignaron partidas presupuestarias específicas para ese destino. En ese contexto, sostuvo que los espacios ya se encontraban afectados al Ministerio Público, por lo que la interpretación de la cláusula constitucional realizada por la Corte “desnaturaliza” la voluntad del constituyente.
El MPA dejó expresamente asentado que no presta la conformidad exigida por la Constitución para modificar la asignación de espacios.
Posibles acciones judiciales
En su nota, Vranicich solicitó precisiones sobre el avance y los plazos de finalización de la obra, ofreció colaboración técnica y formuló reserva de iniciar acciones legales.
Entre las vías mencionadas se encuentran el recurso de inconstitucionalidad previsto en la Ley 7055, el recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la eventual intervención de tribunales internacionales en el marco de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
La controversia institucional permanece abierta mientras avanza la construcción del edificio y se aguardan definiciones sobre la asignación final de los espacios.
