La situación judicial del ex juez federal Marcelo Bailaque sumó este miércoles un nuevo capítulo en los Tribunales federales de Rosario. Durante una audiencia vinculada a una de las investigaciones en su contra, la Fiscalía reveló que el contador Gabriel Mizzau aceptó convertirse en colaborador de la Justicia en el expediente que analiza presuntas irregularidades en una causa relacionada con el narcotraficante Esteban Alvarado.
La decisión del contador representa un nuevo avance para la investigación y complica aún más la posición judicial del ex magistrado, quien actualmente enfrenta tres causas por presuntos hechos de corrupción.
La causa por las demoras en la investigación contra Alvarado
La audiencia de este miércoles había sido convocada para controlar la acusación fiscal en la causa que investiga a Bailaque por supuestas dilaciones en medidas probatorias vinculadas a una investigación contra Alvarado, abierta en 2013.
Según la Fiscalía, el entonces titular del Juzgado Federal N.º 4 de Rosario rechazó reiteradamente pedidos de escuchas telefónicas solicitados desde diciembre de 2014 en una investigación por narcotráfico que involucraba a Alvarado y a su presunto socio, Luis Medina.
Los fiscales sostienen que esas negativas se extendieron hasta noviembre de 2015 y provocaron demoras significativas en el avance de la pesquisa.
La investigación está encabezada por Diego Iglesias y Matías Scilabra, quienes imputaron al ex juez por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público y prevaricato. Bailaque, que permanece con arresto domiciliario, no participó de la audiencia.
El rol del contador Gabriel Mizzau
Durante la audiencia, el fiscal Iglesias informó que Gabriel Mizzau alcanzó un acuerdo de colaboración con la Fiscalía con vistas a un eventual juicio abreviado, mecanismo que podría derivar en una reducción de pena.
Mizzau había sido señalado en 2024 como el asesor contable de empresas vinculadas a la organización liderada por Alvarado entre 2014 y 2018. La acusación sostiene que participó en la confección de balances y maniobras destinadas a subvaluar bienes, además de intervenir en operaciones relacionadas con vehículos, habilitaciones municipales y utilización de facturación apócrifa.
La Fiscalía también recordó que existían referencias periodísticas y denuncias políticas sobre la relación entre el contador y el ex juez. En ese contexto, la diputada provincial Lionella Cattalini había denunciado presuntos vínculos entre Bailaque y sectores del narcotráfico.
Según detallaron los fiscales, Mizzau compartía una relación de amistad con Bailaque, e incluso uno de sus hijos trabajó en el juzgado federal que encabezaba el magistrado.
La investigación sobre la cooperativa portuaria
Otra de las causas que enfrenta Bailaque está relacionada con la Cooperativa de Trabajadores Portuarios de Puerto General San Martín.
La investigación, encabezada por el fiscal Federico Reynares Solari, analiza transferencias por 1.000 millones de pesos desde la cooperativa hacia una mutual vinculada al Grupo Unión.
En ese expediente también aparece mencionado el financista Fernando Whpei, señalado como allegado al ex juez y actualmente imputado en la causa. Whpei también acordó colaborar con la Fiscalía.
De acuerdo con los investigadores, Bailaque reconoció ese vínculo de manera tardía ante requerimientos de la Cámara de Casación Penal.
La tercera causa: presuntos sobornos y maniobras con Afip
La tercera investigación contra el ex magistrado está vinculada con presuntos sobornos y maniobras de corrupción relacionadas con la ex Afip.
Entre los acusados figura Carlos Vaudagna, quien se convirtió en el primer imputado colaborador en esta causa.
La pesquisa es llevada adelante por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) y todavía no tiene fecha definida para una audiencia de control de acusación.
