Santa Fe endurece medidas ante amenazas en escuelas
El Gobierno de la provincia de Santa Fe avanza con una medida clave para frenar las reiteradas amenazas a establecimientos educativos: los costos de los operativos policiales serán cobrados a los adultos responsables de los acusados, incluso cuando se trate de menores no punibles.
Según datos oficiales, este martes se registraron 78 nuevos casos, de los cuales 22 ocurrieron en el departamento Rosario. En total, desde el 16 de abril ya se contabilizan 158 denuncias por intimidaciones en escuelas de toda la provincia.
Costos millonarios por cada intervención
Desde el Ministerio de Seguridad provincial detallaron que cada operativo implica una erogación de entre 5 y 6 millones de pesos. La secretaria de Coordinación Técnica y Administración Financiera, Georgina Orciani, remarcó que estos hechos constituyen delitos y no simples bromas.
“Esto no es un chiste, es un delito que acarrea consecuencias penales y económicas”, sostuvo la funcionaria.
Además, señaló que la medida busca generar un impacto directo:
“Muchas veces se toma dimensión cuando afecta el bolsillo”, afirmó.
Cómo funcionará el nuevo protocolo
El esquema oficial establece un procedimiento con varias etapas para determinar responsabilidades y exigir el pago de los operativos:
Identificación de responsables
El Ministerio Público de la Acusación (MPA) deberá individualizar a los autores, partícipes y adultos responsables dentro de cada causa.
Cálculo de costos
La Secretaría correspondiente realizará una estimación detallada del gasto operativo, incluyendo intervención policial, registros del 911 e informes técnicos.
Elaboración de expediente
Cada caso contará con un expediente específico que reunirá pruebas y documentación, las cuales también podrán ser utilizadas en instancias judiciales.
Objetivo: frenar la ola de amenazas
La medida surge en un contexto de fuerte aumento de denuncias por intimidaciones en escuelas. Desde el Gobierno provincial sostienen que el objetivo es desalentar estas conductas mediante sanciones económicas concretas, además de las consecuencias penales ya previstas.
