Las empresas de distribución de gas, aquellas que llevan el fluido hasta los hogares y los comercios, plantearon al Gobierno que necesitarán una recomposición de tarifas desde febrero de al menos el 350% en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y cifras incluso mayores en el interior del país, según de qué compañía se trate entre las que operan en todo el territorio nacional. Las cifras fueron presentadas ante Enargas y serán parte de la audiencia pública que tendrá lugar el 8 de enero para determinar cómo será el descongelamiento en las boletas, cuyo último aumento tuvo lugar a principio de año.
Derrumbe y rebote: el pronóstico en “V” para la economía de las consultoras “si todo sale bien”
El proceso de audiencia pública incluye un paso previo que tiene que ver con documentos que las distribuidoras de gas envían a la autoridad del área (Enargas) con sus estimaciones propias de subas necesarias de las tarifas según los criterios de costos acumulados pisados por los últimos meses sin actualización. En esos documentos las firmas plantearon cuál es el escenario para cada una.
Para Metrogas, por ejemplo, la que distribuye el fluido en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el aumento debería ser superior al 375 por ciento. “En virtud de ello, luego de los más de cuatro (4) años que su tarifa de distribución se mantuvo congelada (…) tomando como base el índice de febrero de 2018 versus el mismo índice a noviembre 2023 y estimando el incremento de costos del mes de diciembre 2023 según el REM del Banco Central del 19,95%, y descontando, obviamente, aquellos incrementos ya otorgados entre tales períodos (…) De esta forma, el cálculo del ajuste mencionado anteriormente representa un aumento punta a punta del 376,52%”, mencionó esa compañía.
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En términos de montos, el cargo fijo para los usuarios de Metrogas pedido a Enargas a partir de febrero es un mínimo de $4.318 en la Capital Federal y $4.335 en Buenos Aires (usuarios con consumo más bajo) para los tres niveles de segmentación (N1, el de mayores ingresos, N3 los de menor ingreso y N2, de ingresos medios). Para el tramo de mayor consumo el cargo fijo es $19.333 (CABA) y $19.357 (PBA). Esto no se traduce automáticamente al precio final al usuario ya que dependerá de otros componentes del precio en la boleta, como la generación y transporte. O incluso la porción de pago de impuestos.
Por su parte Naturgy, que opera en la Provincia de Buenos Aires, solicitó a Enargas “que considerase una recomposición tarifaria siguiendo los criterios de cálculo señalados con anterioridad, para que sean aplicados desde enero 2024; así como también, solicitó una adecuación Transitoria de la tarifa de manera urgente a ser aplicado desde octubre 2023, dados los significativos aumentos de los costos de prestación de servicio, que generaron una importante merma de ingresos de las tarifas vigentes desde el 29 de abril, dado que los aumentos sostenidos de precios se intensificaron en magnitud notablemente, a partir de mayo de 2023”.
Los cargos fijos incluidos en la factura pasarían de tener un rango de entre $847 (menor consumo) y $3.869 (mayor consumo) para los todos los niveles de segmentación, a un arco que va desde los $4.555 a $20.809, en caso de que prosperara el pedido realizado a Enargas. Implicaría un incremento de 437 por ciento.
Naturgy además planteó a esa entidad que se necesitará un mecanismo automático de actualización que identificaron en el IPIM, es decir el índice de inflación mayorista que publica mensualmente el Indec. “Resulta necesario que la Autoridad Regulatoria defina un mecanismo que permita mantener la tarifa que se otorgue en términos reales para que acompañe el crecimiento de los costos mensualmente en esta coyuntura de alta inflación, a efectos que la Distribuidora pueda realizar las inversiones requeridas y los mantenimientos preventivos y correctivos correspondientes, para mantener la calidad de servicio y cumplir con sus obligaciones. Ello hasta tanto se normalice el esquema tarifario, con la entrada en vigencia de una nueva RTI”, apuntó.
El proceso de audiencia pública incluye un paso previo que tiene que ver con documentos que las distribuidoras de gas envían a la autoridad del área (Enargas) con sus estimaciones propias de subas necesariasLas otras empresas que operan en el país también presentaron sus solicitudes de aumento. Redengas (Entre Ríos), pidió desde marzo un incremento promedio de 481 por ciento. Aunque estimaron que el aumento traducido en las boletas rondaría el 140% para un usuario residencial promedio. Nuevamente: esta ecuación no tiene en consideración si hay también aumentos “hacia atrás” en la cadena de producción del gas, por lo que todos los porcentajes presentados por las firmas distribuidoras podrían ser distintos.
Camuzzi Gas Pampeana, en tanto, solicitó un 421% de aumento en la tarifa de distribución. Camuzzi Gas del Sur lo hizo en 543 por ciento. Gasnor aseguró que sus tarifas de distribución están atrasadas entre 438% y 704% para los usuarios residenciales. Ecogas (Córdoba, La Rioja, Catamarca) midió un promedio de 126% de impacto en las tarifas. Transportadora Gas del Sur (TGS), por su parte, calculó que hace falta una recomposición mayor, de 567 por ciento, y TGN lo hizo en 573 por ciento.
La opinión de las empresas no es vinculante para la decisión final de la suba de tarifas. “Las opiniones que sean recogidas en la Audiencia no obligan al Enargas a adoptar una decisión sobre ellas en el mismo acto de la Audiencia. Tal como expuso la Corte Suprema de Justicia de la Nación, si bien constituyen un ámbito de participación ciudadana en la toma de decisiones no constituyen la propia decisión, que se mantiene inalterada en manos de la autoridad pública”, explica un documento de esa entidad.
“Sin perjuicio de ello, reviste relevancia dado que importa una real participación ya que las manifestaciones realizadas en ese ámbito deben ser consideradas y el Enargas tiene como obligación fundamentar adecuadamente en la decisión final cuáles argumentos han sido receptados y cuáles han sido desestimados y las razones de ello”, menciona.
La opinión de las empresas no es vinculante para la decisión final de la suba de tarifas pero deberá Enargas justificar el nivel de aumentos que habilitará luego para las distribuidorasLa situación de atraso tarifario fue expuesta en números en un informe reciente del Observatorio de Tarifas y Subsidios IIEP, que depende de la Universidad de Buenos Aires (UBA), “en diciembre los usuarios residenciales de energía eléctrica y gas natural pagan en promedio el 33% del costo de abastecimiento mientras en restante 67% lo abona el Estado nacional”.
“Debido a que el 80% del costo eléctrico y el 100% del costo de gas están dolarizados, estas proporciones pueden cambiar sensiblemente a partir del salto del tipo de cambio de $400 a $800 pesos por dólar. En ausencia de nuevos incrementos en el precio estacional, es posible que la cobertura de costos se reduzca significativamente”, planteó ese informe.
En términos generales, “los principales subsidios económicos a los sectores Agua, Energía y Transporte tuvieron en diciembre un crecimiento acumulado anual del 75,9% anual respecto de igual periodo del año anterior y por lo tanto su variación real muestra una reducción del 19,6% anual en el período. Hasta los primeros quince días de diciembre se acumula una ejecución del 91% respecto del crédito vigente para los rubros seleccionados”, planteó el observatorio.
Si bien es temprano para estimar el impacto final que tendrá el salto devaluatorio en la estructura de costos, fuentes de mercado estiman que, por ejemplo, para el caso de la energía eléctrica, el encarecimiento de la generación sin que haya un incremento en el precio de las tarifas llevaría al porcentaje de cobertura a mínimos históricos. Para luz y gas podrían quedar incluso por debajo del 10 por ciento. Para tomar dimensión: en la actualidad el segmento de los usuarios con menor asistencia de subsidios cubre el 62% del costo total de la generación, mientras que el N2 -tarifa social- cubre 18% y el sector medio, 23 por ciento.
Si el proceso de recomposición de tarifas saliera tal como planea el Ministerio de Economía, a lo largo del 2024 la cuenta presupuestaria de subsidios debería reducirse en 0,7% del PBI. Es decir, explicaría cerca de un sexto del plan de ajuste total.
Fuente: Infobae
