La Justicia Federal de Rafaela procesó a dos ex presidentes del Consejo de Administración de SanCor por el delito de apropiación indebida de recursos de la seguridad social. Se trata de José Pablo Gastaldi y Alberto Eduardo Sánchez, quienes habrían retenido aportes jubilatorios y de obras sociales descontados a los trabajadores, pero nunca los depositaron en los organismos correspondientes.
Además del procesamiento sin prisión preventiva, el juez federal Aurelio Cuello Murúa ordenó el embargo de bienes por 90 millones de pesos a cada uno de los imputados. Según la investigación, el perjuicio económico total supera los 1.600 millones de pesos.
Qué determinó la Justicia Federal
El fallo consideró probado que los exdirectivos actuaron como agentes de retención, pero incumplieron deliberadamente con el depósito de los fondos al Sistema Único de la Seguridad Social.
En la resolución judicial se afirma que “existió la voluntad de no cumplir con el mandato legal” y que la maniobra tuvo como finalidad “una mejora patrimonial”.
El magistrado sostuvo que, por la posición jerárquica que ocupaban dentro de la cooperativa, ambos imputados tenían pleno dominio de los hechos que se les atribuyen.
Los hechos atribuidos a cada ex presidente
De acuerdo con la acusación aceptada por el juez:
- José Pablo Gastaldi, presidente entre febrero de 2020 y octubre de 2022, fue procesado por 17 hechos de apropiación indebida.
- Alberto Eduardo Sánchez, su sucesor entre noviembre de 2022 y febrero de 2024, enfrenta cargos por 16 episodios similares.
La resolución hizo lugar al planteo del fiscal federal Gustavo Onel y rechazó el pedido de suspensión del juicio a prueba solicitado por las defensas.
El origen de la causa judicial
La investigación se inició a fines de 2023, tras denuncias de trabajadores de la planta de Sunchales, en Santa Fe. Los empleados advirtieron que los aportes jubilatorios y de obra social eran descontados de los salarios, pero no figuraban depositados.
Presentaciones similares realizadas por empleados de la planta de Don Torcuato, en la provincia de Buenos Aires, derivaron en la unificación de las causas en el Juzgado Federal de Rafaela, al tratarse de un delito de competencia federal.
Según las constancias del expediente, el monto total de los aportes retenidos y no ingresados asciende a 1.644.440.882 pesos.
Sin prisión preventiva, pero con obligaciones procesales
El procesamiento dictado es sin prisión preventiva, ya que la fiscalía no la solicitó. El tribunal valoró que los acusados no tienen antecedentes penales, cuentan con domicilio conocido y se presentaron voluntariamente ante la Justicia.
No obstante, deberán cumplir con todas las obligaciones procesales y notificar cualquier cambio de domicilio mientras avance la causa.
La crisis estructural de SanCor
El procesamiento de los ex presidentes se da en un contexto de crisis prolongada en SanCor, que se arrastra desde al menos octubre de 2022. En ese período, la cooperativa enfrentó conflictos sindicales, atrasos salariales, paradas productivas y bloqueos en plantas industriales.
En 2025, los socios aprobaron por unanimidad la presentación en concurso preventivo de acreedores, mientras la empresa continuaba con despidos, reducción de actividad y acuerdos de producción a fazón para sostener su operatoria.
El gremio Atilra llegó incluso a solicitar la quiebra con continuidad de explotación, al denunciar la persistencia de deudas salariales y previsionales, situación que afectó directamente a cientos de trabajadores.
Un impacto que excede lo judicial
En ese escenario de deterioro económico, laboral y social, se produjeron las denuncias que derivaron en el procesamiento de los exdirectivos. La causa judicial expone el impacto directo de la crisis sobre los trabajadores, quienes quedaron sin cobertura previsional y de salud pese a los descuentos realizados en sus salarios.
La investigación continúa y podría derivar en nuevas medidas a medida que avance el proceso judicial.
