La provincia de Santa Fe sumó una nueva herramienta de control y transparencia en la gestión pública. La Legislatura provincial aprobó la ley de Ficha Limpia para proveedores del Estado, una normativa que establece requisitos de antecedentes penales para quienes pretendan participar en contrataciones públicas.
La iniciativa, impulsada por la diputada provincial Lionella Cattalini, busca fortalecer los mecanismos de control sobre el uso de los recursos públicos y garantizar que quienes contraten con el Estado cumplan condiciones de idoneidad moral.
Qué establece la ley de Ficha Limpia
La nueva legislación dispone que toda persona o empresa que participe en procesos de contratación con el Estado provincial deberá presentar un certificado de antecedentes penales emitido por el Registro Nacional de Reincidencia.
La exigencia alcanza tanto a personas físicas como a distintos integrantes de las estructuras societarias que aspiren a contratar con la administración pública.
Entre los alcanzados por la norma se encuentran:
- Socios e integrantes de órganos de administración y fiscalización de personas jurídicas.
- Representantes legales de uniones transitorias de empresas (UTE).
- Miembros de las sociedades que conforman esos consorcios.
La ley establece que la falta de presentación de la documentación requerida implicará la desestimación automática de la oferta.
Control previo a las adjudicaciones
Otro de los puntos centrales de la normativa es la obligación de verificar la vigencia de los antecedentes antes de concretar una adjudicación.
Para ello, los organismos contratantes deberán realizar controles mediante herramientas digitales que permitan corroborar la información presentada por los oferentes.
El objetivo es evitar que personas o empresas alcanzadas por inhabilitaciones legales puedan acceder a contratos financiados con recursos públicos.
Los delitos que impiden contratar con el Estado
La ley contempla una serie de condenas que impedirán participar en licitaciones y contrataciones provinciales.
Entre ellas figuran:
- Delitos de corrupción y contra la administración pública.
- Delitos económicos y financieros.
- Homicidios.
- Delitos sexuales.
- Trata de personas.
- Secuestros.
- Delitos contra la propiedad.
- Delitos contra el orden constitucional.
La inclusión de estas figuras busca reforzar los estándares de transparencia en la relación entre el sector público y sus proveedores.
Un nuevo paso en transparencia institucional
Los impulsores de la iniciativa sostienen que la administración pública debe regirse por principios de eficiencia, control ciudadano y responsabilidad en el manejo de los fondos estatales.
En ese sentido, remarcan que resulta incompatible que personas o empresas condenadas por delitos graves puedan convertirse en proveedoras del Estado.
Tras la sanción legislativa, el Poder Ejecutivo provincial quedó facultado para avanzar en los convenios y mecanismos necesarios que permitan verificar de manera ágil y efectiva los antecedentes de quienes aspiren a contratar con la provincia.
