El Senado aprobó la media sanción del proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una iniciativa impulsada por el oficialismo que ahora deberá ser debatida en la Cámara de Diputados para convertirse en ley.
La propuesta plantea una serie de modificaciones al marco legal vigente vinculadas con desalojos, contratos de alquiler, expropiaciones, regularización dominial y digitalización de trámites registrales.
Uno de los puntos centrales del proyecto es la creación de un mecanismo judicial más rápido para resolver conflictos vinculados con inmuebles ocupados o situaciones de incumplimiento contractual.
Cómo funcionarán los desalojos exprés
El proyecto establece que las acciones de desalojo deberán tramitarse mediante un juicio sumarísimo, un procedimiento más breve que el proceso ordinario actual.
La norma contempla especialmente los casos de inmuebles usurpados o de ocupantes considerados tenedores precarios. En esas situaciones, el juez podrá ordenar la restitución del inmueble cuando considere que el derecho del propietario resulta verosímil y se presente la documentación correspondiente.
Entre los principales cambios se incluyen:
- El propietario podrá solicitar la devolución del inmueble en un plazo de 72 horas, siempre que acredite documentalmente su titularidad.
- La acción podrá ser iniciada por cualquier persona que demuestre un interés legítimo afectado, no únicamente por el dueño registral.
- El proceso judicial deberá resolverse en un plazo más acotado cuando exista incumplimiento en contratos de alquiler.
La iniciativa también establece reglas específicas para los alquileres. Los propietarios deberán intimar previamente al inquilino que mantenga una deuda y otorgarle un plazo mínimo de 10 días corridos para regularizar la situación.
Si el incumplimiento continúa, podrá iniciarse la acción de desalojo. La notificación deberá enviarse al domicilio declarado en el contrato o mediante correo electrónico, indicando claramente el lugar y la forma de pago.
Además, el texto establece que el propietario no podrá rechazar la entrega de llaves ni imponer condiciones para recibir el inmueble, aunque podrá dejar constancia de las deudas pendientes para reclamar posteriormente.
En los casos donde haya menores de edad o personas en situación de vulnerabilidad, el juez deberá dar intervención a los organismos de protección correspondientes.
Cambios en el régimen de expropiaciones
Otro capítulo importante del proyecto está relacionado con las expropiaciones realizadas por el Estado.
La iniciativa propone que la declaración de utilidad pública tenga una interpretación más restrictiva y exige mayores fundamentos para justificar una expropiación.
Entre las modificaciones previstas figuran:
- El Estado deberá explicar con precisión los motivos de la expropiación.
- Se establece un límite del 30% para la indemnización por lucro cesante.
- La actualización de los montos tendrá como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) más la tasa del Banco Nación a 30 días.
- La transferencia del inmueble no podrá concretarse sin el pago de la indemnización correspondiente.
En caso de existir diferencias sobre el valor del inmueble, el juez podrá solicitar la intervención del Tribunal de Tasaciones de la Nación.
Escrituras digitales y regularización dominial
La ley también incorpora herramientas vinculadas con la modernización de los registros inmobiliarios.
El proyecto habilita la presentación de documentación digital en los Registros de la Propiedad de todo el país, con el objetivo de agilizar trámites vinculados con inmuebles.
Además, modifica la normativa de regularización dominial conocida como ley Pierri, para ampliar el acceso a escrituras de viviendas únicas.
El beneficio alcanzaría a familias que puedan demostrar una posesión pública y continua durante los 10 años previos al inicio del trámite.
El camino que sigue la iniciativa
La aprobación en el Senado fue alcanzada luego de negociaciones políticas y modificaciones al texto original. El oficialismo aceptó retirar algunos capítulos cuestionados para conseguir los votos necesarios.
Ahora, la Cámara de Diputados deberá analizar el proyecto. Si obtiene la aprobación definitiva, los cambios comenzarán a formar parte del régimen legal argentino.
