Una causa que sacude a la Jefatura de Rosario
La investigación judicial por el presunto fraude en el uso de combustible policial colocó a la Jefatura de Rosario en el centro de una causa de alto impacto institucional. Según los fiscales, durante meses se habría montado dentro del edificio una estructura organizada para sobrefacturar cargas de nafta y desviar fondos públicos en beneficio de altos mandos y equipos operativos.
“Había que hacer plata con el combustible”
El punto de partida se sitúa en mayo de 2023, cuando Daniel Acosta asumió como jefe de la Unidad Regional II. De acuerdo con un testimonio clave, los jefes de distintas áreas fueron citados a una reunión interna en la que se habría pronunciado la frase: “Hay que hacer plata con el combustible”.
A partir de ese momento se habría creado un sistema de recaudación quincenal basado en sobrefacturaciones acordadas con una estación de servicio. La maniobra contemplaba:
- Cargas reales registradas en el sistema Visa Flota.
- Sobrecargos de dos o tres litros por patrullero en cada carga, facturados como consumo real.
- Pagos en efectivo repartidos dentro de la cadena de mandos.
Cómo circulaba el dinero
De acuerdo con el policía imputado, el 20% del dinero quedaba en manos de los civiles que operaban en la estación de servicio, mientras que:
- El 80% del monto recaudado se distribuía entre los policías,
- Una parte quedaba en cada sección,
- Y el resto “subía” hacia los niveles superiores de la estructura.
Según el testigo, el dinero llegaba directamente hasta el jefe de unidad, quien —afirmó— conocía el origen de los fondos.
Un desfalco millonario y en crecimiento
El gobierno provincial estimó que la maniobra habría generado alrededor de 45 millones de pesos mensuales, cifra que podría haber sido mayor en períodos de mayor circulación de patrulleros, especialmente bajo la Ley de Emergencia en Seguridad.
Solo el Comando Radioeléctrico, por ejemplo, habría recibido cerca de 4 millones de pesos cada quince días, siempre según la declaración judicial del imputado.
La investigación avanza y alcanza a más oficiales
Con el avance de la causa, diez jefes policiales, incluido Acosta, quedaron detenidos, sumándose a otros efectivos arrestados en mayo. En total:
- 25 policías están imputados,
- 14 serían parte activa de la presunta asociación ilícita,
- La fiscalía anticipa que podría haber nuevas imputaciones si aparecen más declaraciones.
Para la acusación, no se investigan solo hechos aislados, sino la existencia de una estructura planificada con roles definidos, jerarquía interna y distribución económica sostenida en el tiempo.
Una caja negra y un sistema de castigos internos
El testimonio incorporó además un detalle llamativo: la existencia de una “Oficina de Gestión de Multas” (OGM). Según el relato:
- Funcionaba como un sistema de “castigos” internos.
- Se aplicaban “multas” a los policías que cometían errores en la recaudación.
- Esas multas debían pagarse con costillares, vinos premium, whisky importado o dinero en efectivo.
Durante un allanamiento se encontró un freezer con bebidas de alta gama, supuestamente producto de esas sanciones. De acuerdo con declaraciones, las presiones internas para aumentar la recaudación eran constantes, generando un clima de temor entre los subordinados.
Cómo se facilitó la maniobra
El sistema operativo se apoyó en una práctica ya instalada dentro de la fuerza:
- Las tarjetas para cargar combustible no quedaban en los móviles,
- En cambio, quedaban bajo control de un “encargado de carga” por sección.
Esto permitió que una misma persona operara todas las transacciones, tanto las reales como las sobrefacturadas. Además:
- La sobrefacturación se asentaba en planillas paralelas,
- Se enviaba a la estación para el cálculo del pago quincenal,
- La estación retenía su porcentaje y entregaba el resto en mano.
Incluso se detectaron cargas ficticias en tres móviles que no estaban en uso, según el imputado.
Nadie se negó
El fiscal José Luis Caterina preguntó expresamente en audiencia si algún jefe o funcionario se había opuesto a participar. La respuesta del imputado fue:
“No. Todos accedieron. Sean jefes de secciones, administradores o encargados de carga”.
Ese testimonio, junto con las nuevas pruebas, sostiene el argumento de la fiscalía sobre una estructura organizada y extendida dentro de la Jefatura.
Con información de La Capital
