“Vamos a presentar un pedido de informe para saber cómo se está aplicando la Ley Provincial N° 14.191”, afirma Porcelli Baró Graf. Se refiere a la Ley que crea el Registro Provincial de Acopiadores y Comercializadores de Metales No Ferrosos, aunque popularmente se la conoce como “Ley de Robo de Cables”, porque en definitiva está hecha para prevenir ese tipo de delitos. La misma es de autoría del Diputado Provincial (MC) Oscar “Cachi” Martínez, y para su elaboración se realizaron dos audiencias públicas del Observatorio de Víctimas – una en la ciudad de Santa Fe y otra en Rosario – donde intervinieron todos los involucrados (vecinos, instituciones, empresas proveedoras del servicio, miembros de los tres Poderes), quienes respaldaron la iniciativa.
Inspirada en lo que alguna vez fueron las leyes de autopartes, esta iniciativa crea un registro de quienes acopian estos metales (lugares comúnmente conocidos como “chatarrerías”) y de quienes los venden. De esta manera, la ley pone las condiciones para un comercio legal del cobre. “No es lo mismo un electricista que viene a vender el rezago de una obra – afirma Porcelli Baró Graf – que una persona que llega con 200 kg de cable quemado en la caja de una 4×4”. Ante situaciones como estas, afirma la Diputada, el comprador no puede decir que “no sabía” y ampararse en la buena fe. “Es cómplice del delito que se está cometiendo”. Esta ley fue fruto de dos grandes audiencias públicas, en las cuales incluso la fiscalía a cargo de la ciudad de Santa Fe reconoció la existencia de más de 100 chatarrerías en la ciudad que operaban sin ningún tipo de control.
El caso de Ezequiel Curaba, el joven que se electrocutó el 11 de febrero en Rosario intentando sustraer cables subterráneos, y que falleció tras tres días de agonía con el 90% de su cuerpo quemado, volvió a poner crudamente el tema en agenda. Como lo expresa Porcelli Baró Graf en los fundamentos de su pedido de informe, “no se trata de un hecho aislado”. Hay bandas delictivas organizadas que cuentan con los conocimientos técnicos y los recursos para, por ejemplo, desmontar un transformador entero y llevárselo en una grúa. Además, también señala que allende de las pérdidas millonarias que estos delitos reportan para las empresas que proveen los servicios, afectan a barrios enteros, y a instituciones con importantes funciones sociales como ser escuelas, sedes judiciales, centros de salud; que a causa del robo de cables quedan sin energía eléctrica y privados de prestar sus servicios por largos períodos de tiempo. “Cuando eso sucede, los chicos se quedan sin ir a la escuela, los vecinos sin poder tratarse, la ciudadanía sin poder radicar una denuncia o seguir un proceso judicial”, afirma.
El pedido de informe también se sustenta en el hecho de que la ley tiene vigencia total. “Fue aprobada y promulgada en marzo de 2023, y además fue reglamentada en julio de ese año”. Es decir que ya hace 7 meses que la ley tiene plena vigencia. “Esa Reglamentación – afirma – prevé la creación de una Mesa de Coordinación Interinstitucional para abordar el problema, además de que fija la posibilidad de conveniar con Municipios y Comunas, y establece incluso un mecanismo de sanción por incumplimiento de la propia ley. Todo esto queremos saber en qué estado está, porque lo cierto es que los hechos que la ley busca prevenir siguen sucediendo”, concluyó.
Fuente: CFIN
