Cardozo busca revisar la normativa que limita los barrios cerrados
El concejal del PRO Carlos Cardozo presentó un proyecto de ordenanza para derogar la Ordenanza Municipal N.º 8725/2010, que desde hace más de una década prohíbe autorizar nuevos barrios cerrados en Rosario. Según el edil, la medida generó “pérdidas millonarias en inversiones genuinas” y favoreció a localidades vecinas que sí permitieron este tipo de desarrollos inmobiliarios.
“Un Estado inteligente tiene que planificar para todos los sectores: desde viviendas sociales hasta barrios cerrados para quienes puedan y quieran vivir allí”, expresó Cardozo.
Un debate que vuelve tras 15 años
El concejal recordó que, en su momento, Laura Weskamp (PRO) y Jorge Boasso (UCR) votaron en contra de la ordenanza que prohibió los barrios cerrados. “Ha llegado el momento de revisarla”, afirmó el legislador, al considerar que el contexto jurídico y urbano actual es diferente.
Entre los fundamentos del proyecto, se destaca la necesidad de adecuar la normativa local al Código Civil y Comercial de la Nación, que desde 2015 incorporó la figura de Conjuntos Inmobiliarios —abarca clubes de campo y barrios privados— como un derecho real reconocido por la ley federal.
Argumentos legales y urbanísticos
El texto subraya que la ley nacional prevalece sobre las ordenanzas municipales, por lo que Rosario debería armonizar su legislación para no contradecir las disposiciones vigentes. Además, plantea que el mercado inmobiliario requiere un marco normativo claro y moderno que permita nuevas formas de desarrollo urbano.
Según el proyecto, estos conjuntos podrían impulsar la expansión planificada de la ciudad, siempre que se cumplan requisitos de interés público como la cesión de espacios verdes, integración urbana, infraestructura adecuada y sustentabilidad ambiental.
Condiciones para nuevos desarrollos
Cardozo propone que toda habilitación de barrios cerrados quede sujeta a convenios urbanísticos entre el Municipio y los desarrolladores, que aseguren compensaciones por impacto urbano y obras de infraestructura. También se busca garantizar la conexión vial y peatonal con el resto de la ciudad, evitando que estas urbanizaciones se transformen en “barreras urbanas”.
El edil enfatizó que la derogación de la Ordenanza N° 8725/2010 es necesaria para que Rosario pueda competir en igualdad de condiciones con otras ciudades del país donde los barrios privados y countries han crecido de manera sostenida desde la década del 90.
