La Comuna de Puerto Gaboto, localidad del Departamento San Jeronimo, atraviesa una situación financiera crítica tras ser notificada del inicio del primero de una serie de juicios de apremio por el cobro de honorarios profesionales correspondientes a causas judiciales de los años 2020 y 2022.
En esta primera instancia, el monto reclamado asciende a 48 millones de pesos, una cifra que enciende las alarmas en la administración local por su impacto potencial en el funcionamiento del Estado comunal.
Contexto del reclamo judicial
Según informaron fuentes oficiales, los reclamos están vinculados a los honorarios del abogado Domingo Rondina, quien se desempeñó como asesor letrado de la Comuna entre 2015 y 2017, durante la gestión de Sandra Aguirre. Actualmente, el profesional ocupa el cargo de Fiscal de Estado de la provincia de Santa Fe.
Los apremios se enmarcan en causas en las que la Comuna fue condenada en costas, lo que derivó en el reclamo judicial vigente. Desde el Ejecutivo local advierten que, de avanzar estas demandas en los términos planteados, el impacto podría ser “devastador” para las arcas comunales.
Crisis económica y consecuencias
El escenario se agrava en medio de un contexto económico ya delicado, caracterizado por la caída de la coparticipación, la baja en la recaudación y el incremento sostenido de los costos operativos.
Como consecuencia, durante el último mes algunos trabajadores percibieron salarios de manera parcial, mientras que también se vio afectada la continuidad de empleados eventuales.
Riesgo de embargo y paralización
Uno de los principales focos de preocupación es la posibilidad de que se dispongan embargos sobre las cuentas comunales, lo que podría derivar en la paralización total de la gestión.
De concretarse esta situación, se verían comprometidos los servicios esenciales y el funcionamiento cotidiano de la localidad, afectando directamente a los vecinos.
Reclamos por falta de asistencia
Desde la administración comunal también señalaron la falta de acompañamiento del gobierno provincial, así como una asignación de recursos considerada discrecional, lo que profundiza el cuadro de crisis.
En este marco, autoridades locales aseguraron que utilizarán todas las herramientas legales disponibles para defender los intereses de la Comuna y evitar un desenlace que perjudique a la comunidad.
