Las firmas en la mira son la imprenta Rumbos S.A. y Coxtex SRL, a las que el Polo Obrero desvió $25 millones entre 2020 y 2023. Los investigadores creen que parte de ese dinero tenía como objetivo final financiar al propio Partido Obrero, que compite en las elecciones dentro del Frente de Izquierda, que tiene entre sus referentes a Gabriel Solano y Romina Del Plá.
Según información que el juez federal Sebastián Casanello recibió de la Cámara Nacional Electoral (CNE), el Partido Obrero recibió entre 2020 y 2023, $18 millones de aportes que hizo la firma Rumbos S.A., fundada en 2017 por Christian “El Colo” Rath, un exdirigente del partido que murió tiempo atrás, y Roberto Adrián Albornoz, que fue citado a indagatoria para el próximo 25 de junio.
Para los investigadores, los números cierran: entre 2020 y 2023, la imprenta Rumbos le facturó a la Asociación Civil Polo Obrero -cuyo titular es Eduardo Belliboni- unos $20 millones. En ese mismo período de tiempo, esta firma le hizo aportes electorales e institucionales al Partido Obrero por $18 millones. Ahora la Justicia tendrá que comprobar si esos aportes se hicieron a través de una maniobra de defraudación al Estado Nacional, es decir, con la plata que el exMinisterio de Desarrollo Social le enviaba al movimiento para que comprara herramientas de trabajo de los beneficiarios, ropa y otros elementos que debían utilizar los beneficiarios de la iniciativa.
Pero las maniobras podrían no terminar acá: la Justicia cree que además Rumbos contrataba agencias de publicidad que luego colaboraban con la campaña del Partido Obrero, o pagaba otras cuestiones logísticas. “Lo que vemos es que el Polo Obrero como unidad de gestión financiaba al Partido Obrero”, dicen en Comodoro Py.
La Asociación Civil Polo Obrero en su condición de unidad de gestión del Potenciar Trabajo debía garantizar las condiciones de trabajo para los beneficiarios del programa. En esos años recibió $360 millones del Estado Nacional a través de distintos convenios, de los que según información que Capital Humano le entregó a la Justicia solo se rindieron $113 millones. Hay una especie de caja negra de $247 millones que nadie sabe muy bien para qué se usaron, tal como adelantó este medio.
De los $113 millones que el Polo Obrero y El Replandor Limitado sí rindieron ante Desarrollo Social, unos $25 millones fueron a la imprenta Rumbos SRL y la firma Coxtex S.A, que para la Justicia hacían facturas truchas para simular gastos. La segunda compañía integra un listado de la AFIP de empresas que se dedican a hacer facturas apócrifas.
El Polo Obrero desvió a Coxtex unos $5.000.000 que se pagaron a través de dos cheques. Para los investigadores esta plata luego se derivó a otras firmas más vinculadas a la organización para ocultar el destino final de esta plata. Se espera que en los próximos días se tomen medidas al respecto para intentar hallar el dinero en cuestión.
¿Por qué los investigadores están tan seguros de que ambas firmas hicieron recibos truchos? En los allanamientos se encontraron algunos datos curiosos. A modo de ejemplo, la imprenta Rumbos emitió un mismo día, 25 facturas, todas por el mismo monto aunque se facturaban diferentes conceptos como impresión de papel, kits de seguridad y hasta “transporte de mercadería”, algo que no consta entre las actividades que supuestamente realiza esta firma. Además, todos los montos de dinero facturados eran “redondos”, algo extraño si se tiene en cuenta que el IVA suele hacer que el número final a cobrar sea impar.
Además, todos los montos de dinero facturados eran “redondos”, algo extraño si se tiene en cuenta que el IVA suele hacer que el número final a cobrar sea impar. “Cómo puede costar lo mismo la impresión de papel que un kit de seguridad”, se preguntaba una fuente del caso.
La imprenta Rumbos tiene sede en la calle Palestina 542, en Almagro. En el allanamiento, quien abrió la puerta era un joven, que este medio pudo saber que se trataba del hijo del legislador porteño de izquierda Marcelo Ramal. “Era un PH en donde no parecía funcionar una imprenta”, dijo una fuente.
Ahora el juez Casanello le pidió a la AFIP que analice el resto de las facturas para intentar detectar más facturas truchas. No solo se analizarán las de los $25 millones que se enviaron a Coxtex y Rumbos sino las que se presentaron en los restantes convenios. “Hay algunas por montos muy altos”, reconocen en la causa.
Para el Juez, estas maniobras de defraudación al Estado luego se vieron complementadas con más aprietes, extorsiones y amenazas por parte de los dirigentes piqueteros hacia beneficiarios. “En una primera línea se encuentra la malversación y en una segunda la plata que se generó a través de las extorsiones”, explican. Esta última sea tal vez la más aberrante, ya que a través de las pruebas que se recopilaron en el caso se comprobó que a los titulares del Potenciar Trabajo se les pedía entre $2000 y $3000, eran obligados a ir a las marchas y, si no lo hacían, no podían pasar a retirar los bolsones de comida e incluso quienes no asistieran esas movilizaciones hasta debían abonar $10.000 en multas.
Fuente: TN
