Las Universidades Nacionales recibirán en 2026 $4,8 billones según el proyecto de Presupuesto Nacional enviado por el Gobierno a sesiones extraordinarias, aunque los rectores rechazan este incremento y reclaman la aplicación de la ley aprobada por el Congreso que contemplaba una actualización progresiva de los recursos universitarios.
Reclamo por mayores partidas
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) sostiene que son necesarios $7,2 billones para cubrir gastos de mantenimiento y una recomposición salarial para el personal docente y no docente. Los rectores advierten que la cifra oficial es insuficiente para el funcionamiento básico del sistema.
Mientras tanto, legisladores aliados del oficialismo no descartan algún ajuste al alza durante el debate parlamentario, según indicaron fuentes consultadas.
Ley aprobada pero no aplicada
El Congreso había insistido en la ley que fijaba un aumento progresivo de fondos tras el veto presidencial, pero el Gobierno decidió no aplicarla al considerar que no indicaba de dónde saldrían los recursos, lo que derivó en críticas de sectores opositores.
En el Presupuesto 2026 también se detallan nuevas exigencias administrativas para el envío de recursos. Las universidades deberán presentar información detallada de ejecución y evaluación del gasto ante la Subsecretaría de Políticas Universitarias.
El proyecto aclara que, en caso de incumplimiento, el Ministerio de Educación podrá interrumpir las transferencias.
Nuevos criterios de control del gasto
Cada universidad deberá aprobar un presupuesto que incluya clasificación funcional de educación, cultura, salud, ciencia, tecnología e innovación, y su ejecución contable también deberá contemplarlo.
Financiamiento docente y otras leyes sin aplicar
El Gobierno anticipa que por tercer año consecutivo no aplicará la Ley de Financiamiento Docente, que fijaba destinar el 6% del PBI al sistema educativo. Tampoco se cumplirán los niveles previstos en la Ley de Educación Técnico Profesional ni en la Ley de Financiamiento del Sistema de Ciencia y Tecnología.
Un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso remarcó que se decidió derogar los pisos de inversión de la Ley de Educación Nacional, dejando los montos sujetos a las leyes de presupuesto de cada año. La OPC recordó que el objetivo del 6% del PBI solo se cumplió una vez y que las metas de Ciencia y Tecnología nunca se alcanzaron de manera progresiva.
