El juez González Charvay ordenó aplicar la ley antes del 4 de febrero
El juez federal Adrián González Charvay intimó al Gobierno nacional a implementar la Ley de Emergencia en Discapacidad antes del 4 de febrero. La medida fue dictada por el Juzgado Federal de Campana, en el marco de un proceso colectivo iniciado por dos padres que reclaman por los derechos de personas con discapacidad.
El magistrado también dio cinco días al Ministerio de Salud y a la Agencia Nacional de Discapacidad para presentar un informe que detalle los avances administrativos y las gestiones necesarias para cumplir con la ley.
La apelación del caso sigue pendiente en la Cámara Federal
El fallo se dictó sin esperar la resolución de la Cámara Federal de San Martín, que aún debe analizar una apelación presentada por el procurador Santiago Castro Videla.
El recurso busca frenar la orden judicial emitida el 12 de diciembre, cuando González Charvay había dispuesto la implementación inmediata de la norma. La Sala II de la Cámara todavía no definió su posición.
La ley fue vetada por Milei, pero el Congreso forzó su promulgación
La Ley de Emergencia en Discapacidad fue aprobada por el Congreso en julio de 2025. Sin embargo, el presidente Javier Milei la vetó, argumentando que su aplicación afectaba el equilibrio fiscal del país.
El Congreso rechazó el veto presidencial y obligó al Ejecutivo a promulgarla. Pese a eso, el Gobierno incorporó un artículo que suspendió la entrada en vigencia de la ley, alegando que el texto no explicaba de dónde saldrían los fondos necesarios para financiarla.
El juez advirtió que el Gobierno violó la Constitución
En su resolución, González Charvay sostuvo que la decisión del Gobierno invadió las facultades del Congreso y violó el principio de supremacía constitucional.
El magistrado también rechazó el argumento económico utilizado por el Ejecutivo. Recordó que la ley autoriza al Jefe de Gabinete a reasignar partidas presupuestarias para garantizar su aplicación sin afectar el presupuesto general.
El Gobierno aún no respondió oficialmente
Hasta ahora, ni la Casa Rosada ni el Ministerio de Salud emitieron declaraciones públicas sobre el fallo judicial.
Fuentes oficiales anticiparon que el Gobierno prepara una respuesta formal dentro de los plazos establecidos por el tribunal.

