Las críticas llegaron desde sectores del peronismo, la izquierda y el radicalismo. Entre los principales cuestionamientos apareció la acusación de que algunas de las medidas anunciadas por el Gobierno ya contaban con herramientas legales o antecedentes administrativos.
Críticas por la explotación petrolera en Malvinas
Uno de los cuestionamientos más duros fue formulado por Carlos Bianco, ministro de Gobierno bonaerense. El funcionario sostuvo que Milei demoró la aplicación de instrumentos que, según señaló, ya estaban disponibles.
Bianco apuntó particularmente contra el proyecto Sea Lion, desarrollado por Navitas y Rockhopper en la Cuenca Malvinas Norte. Según recordó, las empresas anunciaron su decisión final de inversión en diciembre de 2025.
El funcionario bonaerense señaló que durante ese período el proyecto avanzó con una inversión estimada en US$1.800 millones, además de obras y preparativos vinculados con la futura producción de hidrocarburos.
En ese contexto, recordó la vigencia de la Ley 26.659, que establece restricciones para empresas vinculadas con actividades hidrocarburíferas no autorizadas en la plataforma continental argentina.
La oposición cuestionó la política exterior
El diputado nacional Germán Martínez también criticó al Presidente y sostuvo que durante su gestión no hubo avances significativos en la política vinculada con Malvinas.
Martínez cuestionó además que Milei haya anunciado ahora medidas que, según su interpretación, podían haberse aplicado con anterioridad.
En la misma línea, el dirigente Sebastián Galmarini cuestionó el posicionamiento del Presidente y apuntó contra su histórica admiración por Margaret Thatcher, primera ministra británica durante la Guerra de Malvinas.
Desde el Frente de Izquierda, Myriam Bregman centró sus críticas en la propuesta de crear un Consejo de Seguridad Nacional y en el pedido de facultades especiales.
La dirigente sostuvo que esas herramientas podrían utilizarse para otros objetivos y vinculó su cuestionamiento con la política exterior del Gobierno.
Taiana y Rossi también cuestionaron los anuncios
El ex canciller Jorge Taiana consideró que las medidas anunciadas por Milei llegan después de una política exterior que, según su evaluación, habría favorecido el avance de los intereses británicos en el Atlántico Sur.
Taiana cuestionó además el uso de la cuestión Malvinas en relación con la creación de un nuevo Consejo de Seguridad y con la estrategia internacional impulsada por Estados Unidos.
Por su parte, el ex ministro de Defensa Agustín Rossi tuvo una posición más matizada. Consideró positivo que el Gobierno adopte medidas vinculadas con la defensa de la soberanía argentina, pero cuestionó el momento y la coherencia de la política exterior.
Rossi también destacó como un cambio relevante que Milei haya reconocido a los habitantes de las islas como una población implantada.
El debate también alcanza a la Base Naval de Ushuaia
Otro de los anuncios del Gobierno apunta a acelerar el proyecto de la Base Naval Integrada de Ushuaia, una iniciativa que adquirió mayor relevancia en medio de las discusiones sobre Malvinas y la presencia británica en el Atlántico Sur.
La oposición recordó que el proyecto cuenta con antecedentes previos y que las obras habían comenzado durante la gestión anterior.
El debate político, de esta manera, no se limita a los anuncios realizados por Milei, sino que también alcanza la estrategia de defensa nacional, la política exterior y el control de los recursos naturales de la región.
El proyecto Sea Lion quedó en el centro de la discusión
Las críticas opositoras también apuntaron al contraste entre el discurso presidencial y el avance del proyecto petrolero Sea Lion.
El ex ministro de Producción Matías Kulfas citó declaraciones de un directivo de Navitas, quien había señalado que la decisión de inversión de la compañía se concretó sin interferencia del Gobierno argentino.
El planteo reavivó la discusión sobre qué medidas puede adoptar Argentina frente a proyectos de explotación de hidrocarburos vinculados con las islas y sobre la aplicación efectiva de las normas vigentes.
Mientras el Gobierno busca presentar sus anuncios como parte de una política de defensa de la soberanía, la oposición reclama mayor continuidad, coherencia y acciones concretas frente al avance británico en el Atlántico Sur.
