Sin posibilidad de participar en las elecciones, el ex «mandamás» de la Cooperativa Portuaria enfrenta un proceso penal en su contra y ahora, el interventor normalizador lo denunció por amenazas
Sin posibilidad de participar en las elecciones de la Cooperativa de Trabajo Portuario, ni de suspender la asamblea de la institución, con un proceso en su contra que está en marcha y denunciado por el interventor normalizador de la institución. Así está hoy el histórico ex dirigente de los portuarios, Herme Juárez.
Hace un par de días se conoció la decisión de la Cámara Nacional de Casación que desestimó los intentos de Juárez para suspender la Asamblea de la Cooperativa de Trabajadores Portuarios de Puerto San Martín, de la que además no podrá participar por no haber juntado los candidatos s para integrar la lista, ni los avales suficientes que respalden su pretensión.
En este contexto, Juárez ahora fue denunciado por amenazas contra el interventor que lleva adelante el proceso de normalización de la Cooperativa, Daniel Sorrequieta, quien solicitó a la Justicia federal una restricción de acercamiento a su domicilio particular, por temor a que las amenazas se cumplan contra él o su grupo familiar.
Es que el hombre avisó en medios radiales y portales de internet que en Puerto San Martín “se acabó la paz social”. Sus amenazas, no obstante, “no fueron tomadas muy en serio en el ámbito portuario”, afirman sus detractores, pues Juárez “no sólo perdió su ascendiente sobre la gente, sino que acorde se van ventilando las maniobras delictivas que se le imputan, para los estibadores ha pasado a ser sinónimo de corrupción y responsable de todos los perjuicios que viene sufriendo la Cooperativa”.
Según relató el mismo Sorrequieta en su denuncia, el otrora mandamás del puerto “debió contratar mujeres —que nada tienen que ver con la actividad portuaria— para que lleven sus carteles a la puerta de la Justicia federal, en los que también dedican amenazas veladas contra la jueza que está interviniendo en el proceso de normalización”.
Causa penal
En este marco, estiman que la situación de Juárez “no podría estar más complicada”. Es que luego de desestimarse su planteo de ampliar el padrón de socios de la Cooperativa por cuarta y definitiva vez, se conoció que la causa penal ha tomado nuevo impulso. El juez interviniente consideró agotada la instrucción y el caso entró en la etapa de las acusaciones.
La Unidad de Información Financiera (U.I.F.), que actúa como querellante, le pidió al juez federal Marcelo Bailaque que se eleve a juicio, imputándole a Juárez los delitos de administración fraudulenta y lavado de activos de origen ilegal eagravado por la habitualidad (incisos de los artículos 173 y 303 del Código Penal que contemplan penas que van de los 4 años y medio y hasta una máxima de 14 años de prisión).
Según el organismo estatal, la investigación concluyó que entre las irregularidades y conductas delictivas detectadas, se comprobó que “los resultados excedentes de la Cooperativa no retornaban en beneficio” de la entidad, sino que eran utilizados por sus administradores para la adquisición de bienes que usaban ellos mismos, y no así para los fines propios y funcionales de la Cooperativa”.
Y otra de las maniobras consistía en el pago de facturas por servicios inexistentes que en sólo seis proveedores sumaban más de 250 millones de pesos.
En el caso de las hijas de Juárez, la UIF detalló una cantidad de inmuebles y otros bienes por valores millonarios que no podrían justificar.
Despejado el camino para la regularización de la Cooperativa, las nuevas autoridades tendrán el desafío de recuperar no sólo el nivel de actividad de la institución, sino también “los perjuicios que les habría ocasionado Juárez a través de las maniobras que en la Justicia parecen ya comprobadas”.
En esta línea, “quizás el riesgo de enfrentar un nuevo encarcelamiento sea lo que mueva al ex dirigente gremial a recurrir a cualquier estrategia para entorpecer la normalización de la Cooperativa, como es la intimidación al interventor y a la justicia.
Entre los socios de la Cooperativa se respira tranquilidad y confianza: “Juárez está haciendo lo que siempre supo hacer: amenazar y apretar, al interventor y a la Justicia”, dicen los dirigentes Ricardo Marco y José María Ramón. “Pero nosotros confiamos en que no le darán resultado. Tenemos un gran desafío por delante y para eso tenemos que estar unidos defendiendo nuestra Cooperativa. Hemos logrado un montón juntos, y no vamos a permitir que nadie empañe la lucha que hemos llevado adelante estos años contra las distintas intervenciones; y luego del 15/9 el desafío es recuperarnos de todos los perjuicios que nos ocasionaron tanto Juárez como quienes administraron mal durante la intervención”, rematan.
